Con 13 votos a favor, la mayoría oficialista de la Junta Municipal de Asunción aprobó este miércoles el Balance General 2025, revirtiendo el rechazo que el mismo colegiado había votado en mayo. El período abarca las gestiones del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), incluyendo la intervención de su gestión, entre junio y agosto, y los primeros meses de su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista).
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La sesión, marcada por la presión de algunos funcionarios de la comuna, confirmó el retorno a la unidad del bloque oficialista, tras las internas partidarias. Con la decisión, se consumó el blanqueo de una gestión que, según la oposición, sumió a la comuna en una “quiebra técnica” arrastrada desde la gestión de Rodríguez, marcada por el desvío de G. 512.000 millones y un “bicicleteo” financiero para pagar salarios, que continúa con Bello.
Junta Municipal de Asunción: El pacto político que revirtió el rechazo al balance
Como era de esperarse, tras la finalización de las internas coloradas y la confirmación del abrazo republicano entre cartistas y disidentes, la mayoría oficialista en la Junta Municipal de Asunción decidió sepultar el rechazo que habían dado el 10 de mayo, casi un mes antes de las internas, al Balance General 2025.
A diferencia de la primera votación, en la que la disidencia colorada se abanderó con el rechazo al balance, y aportó cinco votos para lograrlo, tras la “cicatrización” de las heridas internas, cuatro de sus concejales, cómplices de la gestión de Rodríguez, volvieron a blanquearla. Arturo “Tuki” Almirón, Jesús Lara, Juan José Arnold y Daniel Ortiz, quienes en mayo pasado habían votado por el rechazo al balance, esta vez acompañaron su aprobación.
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Los votos de los concejales cartistas: Juan C. Ozorio, César “Ceres” Escobar, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, René Calonga y Karina Acuña, completaron la cómoda mayoría de 13 votos.
La oposición, que requería 16 votos para confirmar el rechazo, apenas alcanzó 10 de los 14 que había tenido en mayo: Jazmín Galeano (PPQ), Álvaro Grau (PPQ), Paulina Serrano (PPQ), Pablo Callizo (PPQ), Fiorella Forestieri (PLRA), Humberto Blasco (PLRA), Félix Ayala (PLRA), Ramón Ortiz (PLRA), Augusto Wagner (PLRA) y Rosanna Rolón (ANR-independiente)
Críticas a la gestión de Rodríguez y Bello: el debate por la salud financiera
El concejal Humberto Blasco (PLRA) calificó la aprobación como un acto de la “aplanadora” oficialista que ignora deliberadamente las advertencias sobre la salud financiera de la Municipalidad. Para Blasco, el descargo presentado por la intendencia es un “relato infantil” que no logra deslindar responsabilidades sobre la gestión de Rodríguez.
“Ellos sostienen que el último cuatrimestre fue una maravilla y no es así. Siguen sosteniendo que el ejercicio cerró con superávit, con ganancia, cuando que a todas las luces está registrado todas las deudas impagas”, dijo.
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Blasco cuestionó que, lejos de solucionar la crisis heredada de la gestión de Rodríguez, Bello mantuvo el mismo modelo de gestión. “Ni siquiera se encaminaron a la reversión, porque no se aplicaron las recomendaciones del interventor que básicamente decía que había que reducir los gastos corrientes”, criticó.
Blasco enfatizó que la ciudadanía ya ha reprobado la administración municipal, lo que a su parecer, será refrendado en las próximas elecciones municipales. “Nos quedamos ya en mano del último juez, el último jurado que es la ciudadanía y esa sentencia va a recaer el 4 de octubre. No hay ciudadano decente que apruebe esta gestión. Todos fuimos perjudicados, los colorados, los liberales, la gente sin partido, todos”, dijo.
Irregularidades contables y falta de transparencia en la ejecución presupuestaria
Por su parte, el concejal Álvaro Grau (PPQ) insistió en la existencia de inconsistencias contables profundas y una gestión alejada de la normativa. Cuestionó que durante el año periodo analizado, entre los intendentes Bello y Rodríguez, destinaron US$ 121 millones al pago de salarios mientras que solo US$ 7 millones fueron destinados a obras, a pesar de que la ciudad está “patas para arriba”.
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Grau fue enfático al señalar que el manejo de los bonos y la ejecución presupuestaria carecen del respaldo legal necesario. Recordó que durante la gestión de Rodríguez se consumó el desvío de más de G. 512.000 millones de los bonos, confirmada por el interventor, Carlos Pereira.
Entre sus argumentos, Grau destacó la falta de firma del auditor interno en el balance y recordó las denuncias que hizo contra la gestión de Rodríguez por la supuesta existencia de sobrefacturaciones en repuestos. Criticó que la administración actual mantiene vicios en los procesos de adquisición y adjudicaciones directas que evaden los controles de la Junta Municipal.
Posturas encontradas: la defensa oficialista y el supuesto “superávit”
El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista), presidente de la Comisión de Hacienda y líder de la bancada oficialista, defendió la rendición de cuentas afirmando que la Intendencia, a través de sus directores, brindaron las explicaciones técnicas detalladas sobre todos los puntos cuestionados por la oposición.
Sosa incluso afirmó que el ejercicio 2025 cerró con un superávit de G. 103.000 millones. Este argumento fue duramente cuestionado por el concejal Blasco, quien acusó a la gestión de Bello de haber “maquillado” su balance, escondiendo las deudas acumuladas por la falta de pago de los intereses de los bonos. “Si hubiéramos tenido también superávit, ¿por qué se recurrió en diciembre a un préstamo de cortísimo plazo de 60 días? Lo que te revela que es un es un balance maquillado”, criticó.
Servicios Urbanos: el argumento del impacto de la aprobación en la recolección de basura
La sesión estuvo marcada por la presencia masiva de funcionarios municipales, sobre todo de la Dirección de Servicios Urbanos, integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema), quienes urgieron la aprobación del balance.
Edgar Fernández, titular del gremio, argumentó que la aprobación era indispensable para desbloquear la entrega de 11 camiones recolectores de basura ya adquiridos, cuya recepción estaba supeditada a la presentación de un balance aprobado por la Junta Municipal.
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Los sindicatos justificaron su presión ante la situación de emergencia del servicio de recolección, que opera actualmente con apenas 12 a 13 unidades activas para cubrir 90 zonas. Agregaron que la precarización laboral, sumada a la falta de herramientas menores y contratos de mantenimiento, llevó a los trabajadores a considerar la aprobación del balance como la única vía administrativa para garantizar la continuidad operativa frente a la amenaza de privatización del servicio.