La investigación en torno a la trágica muerte de un niño de 8 años, ocurrida tras caer de un caballo durante una carrera en el distrito de Cecilio Báez (departamento de Caaguazú), es llevada adelante por la fiscala Lourdes Soto, quien en conversación con ABC Cardinal brindó detalles sobre las primeras diligencias en la zona y las hipótesis penales que maneja el Ministerio Público.
Soto señaló que la comitiva fiscal-policial se constituyó en Cecilio Báez para incautar evidencias, incluyendo teléfonos celulares; identificar a los dueños de los animales e investigar a los organizadores del evento. Asimismo, se inspecciona el caballo del cual cayó la víctima.
Sin resguardo policial ni autorización
Uno de los elementos confirmados por la representante del Ministerio Público es que la carrera se desarrollaba de forma irregular e inconsulta. “La comisaría no tenía conocimiento; así nos expresaron. No se les pidió acompañamiento de ningún tipo. Ellos se enteraron tras el procedimiento”, explicó la fiscala.
Soto detalló que la Fiscalía remitió oficios a la Municipalidad local y a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) para verificar si existió alguna solicitud de permiso o comunicación formal. Según trascendió, el evento presuntamente se organizó a beneficio de un paciente internado en un centro médico local; sin embargo, en redes sociales se promocionaban apuestas, dijo.
Posibles imputaciones y carátulas
La Fiscalía no descarta que el hecho sea la “punta del ovillo” para desmantelar un esquema habitual de uso de menores en este tipo de actividades. Respecto a las responsabilidades penales, la fiscala puntualizó que los padres de la víctima fueron notificados para una declaración indagatoria en un plazo de cinco días, tras un pedido de prórroga solicitado por su defensa, y están expuestos a un proceso por violación del deber de cuidado.
En tanto que los organizadores y propietarios podrían ser investigados por explotación de menores e incluso homicidio culposo, figura que contempla una expectativa de pena de hasta cinco años de cárcel o multa.
La agente fiscal señaló que el empleo de niños y adolescentes como jinetes (guainos) en carreras de caballos con apuestas “está totalmente prohibido por la ley”. Asimismo, advirtió sobre la vulnerabilidad de las familias involucradas, que suelen recibir un pequeño porcentaje de lo recaudado.
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