El acusado en el caso conocido como Pavo Real Py II e hijo del diputado colorado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista, Alexandre Rodrigues Gomes, ahora fue acusado en el marco del caso denominado Copia Fiel; al igual que él también fue acusado el abogado Óscar Luis Tuma Bogado, su exdefensor, por intentar frustrar el comiso de bienes con transferencias supuestamente irregulares, por los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
En el caso de Alexandre, los representantes del Ministerio Público lo acusaron por lavado de dinero (art. 196), en la modalidad de frustración del comiso, así como la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.
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En tanto que, al profesional al derecho Óscar Tuma se le sindica la comisión del ilícito de lavado de dinero, en calidad de autoría directa.
Así también, dos escribanas fueron acusadas en el marco de esta investigación, Blanca Rossana Ozuna Leguizamón y María Luis Verón de Jara. Ambas están procesadas por los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autoras.
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Por otra parte, los fiscales Morínigo, Cabrera y Gómez también solicitaron el sobreseimiento provisional de la escribana María Raquel Cáceres Olmedo, imputada por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso; y para la funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos Alcira Celeste Rodrigues Flores, procesada por alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba.
Llamativo pedido de sobreseimiento para pieza clave
Por otra parte, los fiscales Morínigo, Cabrera y Gómez también solicitaron el sobreseimiento provisional de la escribana María Raquel Cáceres Olmedo, imputada por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso; y llamativamente para Alcira Celeste Rodrigues Flores, funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos, procesada por alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba.
En el caso de Alcira Celeste Rodrigues Flores resulta importante destacar que es considerada la pieza clave dentro de toda esta causa, pues sin su participación no se habrían podido adulterar los datos de Alexandre Rodrigues Gomes, lo que luego dio pie a las múltiples transferencias registradas a su nombre a terceras personas para ocultar sus bienes.
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El Ministerio Público citó un total de 10 diligencias que están pendientes, varias de ellas que si bien ya fueron solicitadas, aún no tienen respuestas de parte de los órganos que fueron consultados.
Entre las diligencias pendientes están los pedidos de informe al Registro Unificado Nacional (RUN), sobre las modificaciones hechas por Alcira Rodrigues y si existieron irregularidades en dicho proceso; además de la extracción de datos de los celulares incautados a Roberto Cubilla Sanabria (ANR-HC), precandidato a concejal municipal de Luque.
Presunto esquema de ocultamiento de bienes
De acuerdo con el relato de los hechos plasmado en la acusación fiscal presentada, tras los allanamientos en el marco de la Operación Pavo Real II, el 19 de agosto de 2024 en Pedro Juan Caballero, donde en uno de ellos murió el entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes; se activó un esquema para ocultar los bienes que el legislador y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes habían adquirido con dinero del narcotráfico.
Al respecto se resalta que, luego de que el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal bloqueara los bienes de Lalo Gomes y su hijo Alexandre, ese mismo 19 de agosto de 2024, el esquema supuestamente liderado por Roberto Cubilla Sanabria levantó las inhibiciones y transfirió los bienes a terceras personas, con complicidad de escribanos.
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La imputación contra el precandidato a concejal Roberto Cubilla Sanabria refiere que él tuvo participación en la compraventa de un camión y de un semirremolque granelero, pertenecientes a Alexandre Rodrigues. Ambas transacciones fueron formalizadas por la escribana María Raquel Cáceres, a través de escrituras públicas números 859 y 860 de fecha 22 de agosto de 2024.
Para realizar las transferencias la escribana invocó un poder general de administración con cláusula especial que otorgó el señor Faustino Ramón Aguayo Cabañas a favor del señor Roberto Santiago Ayala Galeano, quien firmó las transferencias a favor de César García, cuñado de Cubilla Sanabria y destinatario final de los bienes.
Precandidato a concejal sería cerebro de las operaciones, según Fiscalía
El Ministerio Público describe en la imputación contra Roberto Cubilla, que las escrituras de los bienes habrían sido redactadas por el propio Cubilla con ayuda prestada por Mirna Esther Díaz Brítez, quien era secretaria de confianza de la notaria María Raquel Cáceres.
La Fiscalía agrega que con la alteración de los datos de Alexandre Rodrigues Gomes en la base de datos de la entonces Dirección de los Registros Públicos, que actualmente forma parte del Registro Unificado Nacional, habría desaparecido la inhibición general de enajenar y gravar bienes, posibilitando así las transferencias de los bienes.
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El precandidato a concejal de Luque también está sindicado de haber tenido participación en la compraventa de otro semirremolque perteneciente a Alexandre Rodrigues Gomes, el 12 de febrero de 2025. Nuevamente la transacción fue formalizada por la escribana María Raquel Cáceres, utilizando un poder general otorgado por Faustino Ramón Aguayo a favor de Roberto Santiago Ayala Galeano, quien a su vez transfirió el bien a Rosa Catalina Domínguez, quien falleció en Buenos Aires en el 2020.
Dicho bien habría sido transferido nuevamente en abril de 2025 por la supuesta propietaria Rosa Catalina Domínguez, a favor de la empresa Castellano SA, oportunidad en la que el propio Cubilla Sanabria se habría presentado al señor Carlos Rubén Castellano como escribano de confianza de la vendedora y supuesta propietaria, quien en realidad había fallecido en el 2020.
Proceso contra Alexandre Rodrigues y Óscar Tuma
El abogado Óscar Tuma asumió como defensor de Alexandre Rodrigues Gomes, en el caso Pavo Real II, en fecha 20 de agosto. Ese día el juzgado ordenó a la Dirección General de Registros Públicos, vía oficio, que se registre la medida cautelar a los imputados. A las 8:22 se informó al juzgado que a las 7:44 se procedió a lo solicitado. Las anotaciones estuvieron a cargo de la funcionaria Graciela Rodríguez, con código de usuario 101.
Sin embargo, el abogado Óscar Tuma apeló el A.I. N° 331 señalando que la medida cautelar era nula, pues la admisión de la imputación aún no había quedado firme. Tuma presentó su escrito en forma electrónica a las 0:56 del 21 de agosto, según consta en el registro.
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Ese mismo día, a las 12:22, la funcionaria ahora imputada Alcira Rodríguez había ingresado al sistema con su código de usuario 107 y realizó una actualización en la anotación de Alexandre Rodrigues Gomes, reemplazando su nombre y apellido por el de Alexandra Rodríguez Giménez; y también los números de cédulas, de 6.518.333 por 5.183.336.
Esa acción abrió la posibilidad de que la transferencia de los cuatro inmuebles de parte de Alexandre Rodrigues a Óscar Tuma pueda realizarse, pues la notaria, en el marco de sus actuaciones, solicitó un informe a Registros Públicos a modo de conocer si había impedimento legal, pero la respuesta fue negativa.
Abogado conocía situación procesal, señala Fiscalía
Para los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, quienes presentaron la acusación contra Alexandre Rodrigues y Óscar Tuma, el letrado no podía desconocer el estado procesal de su defendido, pues tuvo intervención y acceso desde un inicio a las actuaciones judiciales.
Es más, Tuma apeló el Auto Interlocutorio N° 331 y un Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó la medida cautelar.
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El tribunal de alzada resaltó en su fallo que “el principio que rige respecto a las medidas cautelares es que las mismas deben ser cumplidas y cualquier recurso interpuesto no puede tener efecto suspensivo, vale decir, las medidas cautelares se cumplen hasta tanto sean revocadas y no a la inversa”.
Es ante este contexto que la Fiscalía imputó a Rodrigues y Tuma por presunto lavado de activos porque entiende que el letrado tenía conocimiento de la situación procesal de su cliente, de que no podía disponer de sus bienes y, por ende, no podía transferir sus inmuebles como dación en pago por los servicios profesionales.
Presunta implicancia de escribanas en esquema
Los elementos recolectados hicieron sospechar al Ministerio Público de una conducta de intento de ocultamiento de los bienes, a fin de evitar su eventual comiso, con la participación de escribanas en el esquema.
En consecuencia el 12 de setiembre de 2025 los fiscales Alejandro Cardozo, José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, en el marco del caso “Copia Fiel”, presentaron imputación en contra de Alexandre Rodrigues Gomes y las escribanas Blanca Rossana Ozuna Leguizamón, de San Lorenzo; María Luisa Verón de Jara (Areguá) y María Raquel Cáceres Olmedo (Fernando de la Mora).
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Los hechos punibles atribuidos a Alexandre Rodrigues son lavado de dinero, en la modalidad de frustrar su comiso, en calidad de autor; así como la instigación para la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.
En tanto que para las escribanas Blanca Ozuna, María Verón y María Cáceres, los hechos son la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso. Todos en calidad de autoras.
Alexandre Rodrigues hizo 12 transferencias en 10 meses
A partir de la modificación de los datos de Alexandre Rodrigues en el sistema informático de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), este realizó en total 12 transferencias, cuatro de ellas relacionadas a inmuebles que pasó a nombre de su abogado defensor Óscar Tuma, como dación en pago por sus honorarios profesionales, y 8 rodados, entre camiones, camionetas y semirremolques.
Según la acusación, las transferencias de los bienes registrados a nombre de Alexandre Rodrigues se iniciaron inmediatamente después de la alteración de datos en el sistema de la DGRP, es decir, ocurrieron entre el 22 de agosto de 2024 y el 24 mayo de 2025.
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En relación a la escribana María Raquel Cáceres, a las 9:25 del 20 de agosto de 2024, solicitó informes a la DGRP sobre la condición de Rodrigues, la institución contestó el 21 de agosto de 2024 a las 8:07, informando que Rodrigues tenía inhibición general de enajenar y gravar bienes, dispuesta por el juez Osmar Legal, por AI N° 331 del 20 de agosto.
Una segunda solicitud fue hecha por la escribana María Cáceres, a las 11:39 del 21 de agosto, que fue contestada el 22 de agosto de 2024 a las 9:19, informándose que Alexandre Rodrigues ya no tenía medida cautelar alguna, debido a que el 21 de agosto de 2024, a las 12:22 se produjo la alteración de los datos del encausado en el sistema de la DGRP.
Utilizaron poder de presunto narco y datos de fallecida
El 22 de agosto de 2024, según consta en la escritura, Roberto Santiago Ayala Galeano invocó poder general con cláusula para transferencia y actuó, supuestamente en representación de Alexandre Rodrigues, en relación a un camión, por G. 770 millones, y un semirremolque, por G. 120 millones a favor de César García.
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El 12 de febrero de 2025, bajo la misma modalidad, supuestamente Alexandre Rodrigues representado bajo poder general por Roberto Ayala, transfirió un camión, por G. 530 millones, y un semirremolque, por G. 200 millones, a Catalina Rosa Domínguez. Es preciso señalar que la mujer, paraguaya, fue asesinada el 13 de diciembre de 2020 en Argentina, por su esposo paraguayo.
Así también se debe destacar que, el poder general con cláusula especial para transferencia fue confeccionado el 8 de julio de 2019, por la escribana Blanca Rossana Ozuna Leguizamón. Dicha autorización notarial la había otorgado el presunto narcotraficante Faustino Ramón Aguayo Cabañas, según la hipótesis fiscal.
Por su parte, la escribana Blanca Ozuna elaboró el 10 de abril de 2025 escritura pública con objeto de compraventa del camión y un semirremolque, en favor de Tanya Leticia Acuña, en representación de la firma “Castellano SA”. En relación a ambos rodados, habrían simulado que fue Catalina Rosa Domínguez quien transfería dichos bienes.
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En cuanto a la notaria pública María Luisa Verón, elaboró las escrituras públicas mediante las cuales Alexandre Rodrigues transfirió un camión Iveco y dos camionetas, una Ram Larame y una Toyota Land Cruiser, a un joven de 23 años, el 9 de setiembre de 2024; así como una camioneta Ford F-1000 a un hombre de 40 años, el 16 de setiembre de 2024. En ambos casos se hizo constar presuntamente en forma falsa la comparecencia de Rodrigues.