Luego de las denuncias sobre el presunto acoso ejercido por sectores privados, en posible complicidad con funcionarios municipales, para despojar de sus viviendas a familias del barrio La Piedad (Trinidad), el director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, Jorge Sabaté, se refirió al procedimiento administrativo para la cesión de tierras de dominio público.
Sabaté aclaró que si bien la dependencia a su cargo realiza el filtro formal de los expedientes bajo la Ordenanza 33/95, la Asesoría Jurídica no resuelve ni aprueba las solicitudes.
“Nosotros no decimos ni sí ni no, porque quien otorga es el colegiado. Nosotros decimos: ‘Están estas documentaciones, que la Junta estudie’. Es la Junta Municipal la que decide otorgar o denegar los pedidos que tenga”, remarcó el director jurídico.
El caso Miriam Ramírez y las firmas privadas
Respecto al caso particular de Miriam Ramírez, vecina de la zona que denunció presiones e irrupciones en su vivienda tras años de ocupación e inversión en el inmueble, Sabaté confirmó que el expediente se encuentra bajo revisión institucional.
Explicó que la afectada presentó un recurso de reconsideración, el cual fue remitido nuevamente al legislativo municipal para que los concejales resuelvan si mantienen el arrendamiento inicial, lo revocan o toman otra determinación.
Al ser consultado sobre el supuesto avance e interés del Grupo Vázquez en la adquisición de inmuebles en la zona de La Piedad, el funcionario sostuvo que no maneja precisiones sobre las intenciones del conglomerado, aunque estimó que estarían operando sobre propiedades privadas o negociando cesiones de derechos con los propios ocupantes.
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Las empresas no pueden ser beneficiarias de lotes municipales
Al ser consultado sobre la posibilidad de que una firma privada acceda a tierras públicas o municipales destinadas al ordenamiento social, Sabaté aseguró que una empresa privada no puede ir a ocupar ni solicitar de forma directa un terreno municipal.
Añadió que la normativa establece como condición esencial que el solicitante no posea otros inmuebles, filtro que las personas jurídicas comerciales no superan.
Dijo que todo proceso de regularización requiere que la persona física demuestre la ocupación efectiva, obtenga un contrato de arrendamiento y, recién tras ese trámite, quede habilitada para solicitar la eventual compra.
“Una empresa privada no puede adquirir terrenos municipales con fin social; uno de los requisitos es no tener inmuebles, y lógicamente las empresas los tienen”, precisó.
Sabaté señaló la existencia de irregularidades en la práctica cotidiana, donde ocupantes o adjudicatarios realizan traspasos irregulares. “Normalmente, lo que hace la gente es que se le titula a ellos y después ellos ceden el derecho y la transferencia ya es una cuestión interna de ellos. Yo creo que está mal, lógicamente, se comprometen a transferir en un tiempo posterior”, dijo.
El director recalcó que la Dirección de Catastro y las comisiones internas de la Junta Municipal (como la Comisión de Hacienda) son las instancias técnicas encargadas de fiscalizar y delimitar la soberanía municipal sobre los predios de la zona.
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