El concejal de Asunción Humberto Blasco (PLRA) anunció en la sesión de Junta Municipal de mañana, miércoles, solicitará informes sobre la situación de terrenos ubicados en el barrio Mbocayaty, conocido como La Piedad. Vecinos del lugar denuncian amedrentamientos por parte de personas vinculadas al Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez. Los pobladores sospechan de la existencia de un plan para acorralar a las familias y forzarlas a vender.
Además de los “aprietes”, los pobladores de la zona denuncian que la Municipalidad de Asunción frenó repentinamente sus trámites de titulación, en coincidencia con el desembarco del Grupo Vázquez. Aseguran que el conglomerado tiene la intención de construir un proyecto inmobiliario en la zona.
El reclamo en La Piedad: exigen transparencia e informes sobre terrenos colindantes
Ante las denuncias de amedrentamientos y la falta de avances en los expedientes de regularización, el concejal Blasco anunció que intervendrá para exigir explicaciones formales al intendente, Luis Bello (ANR-cartista). La acción busca poner fin al estancamiento de los trámites que afectan a las familias de la zona.
Blasco informó que presentará una minuta verbal solicitando datos precisos sobre la ocupación y el estado de regularización de los terrenos colindantes al proyecto del Grupo Vázquez. El concejal adelantó que pedirá conocer “quiénes son los ocupantes y si efectivamente hay pedidos de regularización, de qué año datan y en qué estado se encuentran”.
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En el mismo sentido, el concejal Daniel Ortiz (ANR-disidente), planteará mañana la aprobación de una minuta que encomienda a la Intendencia Municipal realizar un relevamiento exhaustivo de todos los lotes municipales del barrio y un informe detallado sobre el estado y ubicación de los expedientes de regularización iniciados por los pobladores.
El edil propone un plazo de quince días hábiles para que el Ejecutivo Municipal remita esta información a la Junta, buscando transparentar la situación registral y garantizar que las actuaciones sobre los inmuebles se ajusten a la ley.
Junta Municipal: el oficialismo se desliga y traslada la responsabilidad a la Intendencia
El concejal oficialista Miguel Sosa (ANR-cartista), presidente de la Comisión de Hacienda, intentó eludir las consultas respecto a la denuncia de demoras en los procesos que dependen de la comisión a su cargo. Explicó que, en el circuito administrativo, la Junta Municipal trabaja en base a los informes técnicos de las direcciones de Catastro, Área Social y Asesoría Jurídica. Señaló que el cuerpo legislativo carece de personal propio para realizar verificaciones de campo.
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El edil sostuvo además que si la información oficial remitida a la Junta contiene datos falsos o inexactos, la responsabilidad administrativa recae exclusivamente sobre los funcionarios de la Intendencia que firmaron las verificaciones de campo.
Sosa evitó hablar del caso particular, pero indicó que la institución maneja numerosos expedientes de esa zona y aclaró que cualquier resolución de arrendamiento o venta puede ser reconsiderada o revocada si los afectados demuestran posesión anterior o pagos previos.
Respuesta de la Intendencia: evasivas, plazos abiertos y la decisión final al legislativo
Ante las consultas de ABC sobre las denuncias de amedrentamiento a vecinos de Mbocayaty, distintas dependencias del ejecutivo municipal eludieron dar precisiones y respondieron con evasivas sobre el conflicto entre vecinos y el Grupo Vázquez.
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El director de Obras Particulares, Nicolás Chaparro, no respondió a las consultas formuladas por este medio sobre el caso. Por su parte, el director de Catastro, Aarón Martínez, pidió revisar los expedientes de titulación caso por caso antes de emitir una postura, aunque confirmó que existen unos catorce lotes colindantes al terreno del Grupo Vázquez.
Finalmente, la Intendencia designó como vocero al director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté, quien defendió la regularidad de los trámites, pero le tiró la pelota a la Junta Municipal al remarcar que la decisión final sobre arrendamientos o ventas, corresponde a los concejales. Negó que existan retrasos en su dependencia.
El grito de auxilio de los vecinos frente a los amedrentamientos
En un mensaje con fecha de ayer, vecinos del barrio Mocayatý (La Piedad) solicitan la intermediación de la Junta Municipal para lograr la regularización de los terrenos municipales que ocupan desde hace décadas. Exigen que se realice un estudio “caso por caso” y que inspectores municipales verifiquen la ocupación efectiva, ya que la posesión y la necesidad social son requisitos legales para acceder a los títulos.
En el mensaje, los vecinos denuncian hechos de violencia física y amedrentamiento, como el ingreso irregular de personas desconocidas a sus domicilios sin orden de desalojo, derribando murallas con la intención de demoler viviendas. A esto se suma la denuncia de la supuesta sustracción de sus bienes.
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Los vecinos sostienen que detrás de estos ataques se encuentra el Grupo Vázquez, interesado en apropiarse de las tierras municipales a “precios irrisorios” para proyectos privados. Afirman que unas 45 familias están siendo presionadas para vender sus casas, las cuales ocupan desde hace 20, 30 y hasta más de 40 años. Informan que, debido a esta presión, al menos ocho familias ya abandonaron el barrio.
Los vecinos apuntan contra el Departamento de Catastro y Patrimonio por el “encajonamiento” de expedientes, algunos de los cuales iniciaron hace más de 40 años. Reclaman su derecho a la tierra basándose en que ellos mismos, con su propio dinero y esfuerzo, han construido la infraestructura del barrio, incluyendo el desagüe cloacal y el mantenimiento de las calles.