En una conferencia de prensa llevada a cabo este martes, representantes de asociaciones de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) anunciaron una manifestación a nivel nacional que tendrá lugar el 25 de agosto como medida de presión para exigir castigo a las autoridades y funcionarios de la previsional imputadas por el supuesto desfalco de más de 60.000 millones de guaraníes de recursos del IPS.
La semana pasada, el Ministerio Público imputó y solicitó prisión preventiva para los expresidentes del IPS Vicente Battaglia y Jorge Brítez, además de otros funcionarios de la previsional, en el marco de una investigación de un supuesto hecho punible de lesión de confianza por el fracaso de obras de construcción de salas de quirófano en el Hospital Central de la previsional.
La Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS, que aglomera más de 30 asociaciones de asegurados en todo el país, anunció hoy que convoca a una manifestación a nivel nacional para exigir a la Fiscalía que logre condenas de los imputados y la devolución de los recursos por los que el IPS se vio perjudicado.
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Además, solicitan que las imputaciones se amplíen a los miembros del Consejo de Administración del IPS que aprobaron la obra fallida, explicó hoy en conferencia de prensa Gustavo Canatta, presidente de la Coordinadora.
Movilizaciones en todo el país
Julio López, titular de la Asociación de Asegurados del IPS, agregó que la movilización en Asunción tendrá lugar frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, con manifestaciones similares en simultáneo en varios otros puntos del país.
“Es una manifestación de presión a la Fiscalía, queremos evitar el ‘opareí’, evitar que personas implicadas en hechos de corrupción sean blanqueadas porque tienen tal o cual padrino”, dijo López. “Creemos que la presión de los asegurados es fundamental para llegar a la devolución del daño patrimonial”.
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“Exigimos justicia, castigo a los culpables y la recuperación de los bienes robados del IPS”, añadió Bernabé Penayo, presidente del grupo Acción Sindical Clasista, que apoya la movilización de asegurados.
La imputación a los expresidentes y funcionarios del IPS gira en torno a la fallida construcción e instalación de un quirófano modular adjudicado en 2020. A pesar de constantes adendas y millonarios pagos durante las administraciones de Bataglia y Brítez, las obras nunca concluyeron.