La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) formalizó la presentación de una denuncia internacional en representación de la exsenadora Kattya González ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con esta acción, se busca responsabilizar al Estado paraguayo por la violación sistemática de los derechos políticos y las garantías del debido proceso, luego de su destitución de su banca en febrero de 2024.
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Según informaron, el caso tomó un impulso tras agotarse las instancias judiciales internas. En junio de 2026, luego de más de dos años de maniobras y dilaciones perjudiciales, la Corte Suprema de Justicia terminó rechazando la acción de inconstitucionalidad planteada por la legisladora electa para el periodo 2023-2028.
Un juicio relámpago que ignoró la Constitución
La destitución de Kattya González se consumó en cuestión de horas el 14 de febrero de 2024, mediante un trámite exprés que no le dio un tiempo razonable ni las herramientas mínimas para preparar su defensa. La acusación fue presentada y votada de forma exprés, pisoteando el reglamento interno que la propia Cámara de Senadores, según sostienen.
Los voceros de la organización y la exlegisladora explicarán este miércoles los alcances de la denuncia internacional, cuáles son los tratados internacionales violados por el Estado y los estándares que se buscan fijar para proteger los derechos políticos en la región.
Se hablará además sobre las restricciones crecientes a organizaciones de la sociedad civil, ataques contra actores críticos y debilitamiento de mecanismos de control institucional.