La Contraloría General de la República entregó oficialmente el Informe Financiero del Poder Ejecutivo 2025. De acuerdo con la exposición de las autoridades, el Instituto de Previsión Social (IPS) concentra las irregularidades más graves detectadas en el manejo de los fondos públicos del Estado.
Por primera vez en mucho tiempo, la institución auditora ingresó a evaluar a fondo siete áreas de la Previsional. Si bien se trata de un primer paso, la Directora de Control Gubernamental, Gladys Fernández, enfatizó que se esperan “medidas urgentes para subsanar” los graves hallazgos.
Uno de los puntos más cuestionados por Fernández es la actitud institucional ante las auditorías. Según explicó, en todas las áreas evaluadas se encontró un denominador común: “La principal excusa es que los problemas corresponden a otro sector”.
“Se desentienden del tema y eso es algo que no puede ocurrir en una institución que maneja cuantiosos recursos y que es muy sensible para la vida de la gente”, advirtió la funcionaria de la Contraloría.
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Millones sin regularizar y juicios fuera de control
El informe detalla cifras alarmantes sobre la desprolijidad contable y administrativa dentro de la previsional:
- Más de 47.000 millones de guaraníes en diferencias de ajustes de años anteriores de la conciliación bancaria y partidas no identificadas ni regularizadas.
- Más de 530 millones de guaraníes en notas de crédito sin la debida gestión.
- 300 juicios del IPS que operaban con bases de datos totalmente desactualizadas, volviéndolos imposibles de controlar adecuadamente.
- 56.000 millones de guaraníes retenidos y sin evidencia documental que respalde su posible recuperación.
El peligro principal de estas falencias radica en la distorsión de la realidad financiera de la institución.
Desde la Contraloría advirtieron sobre el riesgo de que el IPS asuma que cuenta con los 56.000 millones de guaraníes -retenidos- a su disposición, tomando decisiones presupuestarias y de inversión basadas en un monto ficticio, cuando en la práctica el valor real disponible es considerablemente menor.
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En lo que respecta las jubilaciones, la Directora de Control Gubernamental indicó que es un tema muy preocupante. “La proyección que la misma entidad dio es que van a encontrarse con dificultades en el año 2036. Y según el análisis que se hizo, es que para el 2046 el IPS va a estar en una situación en la que no va a poder hacer frente al pago de jubilaciones, si no toman una medida urgente”.
Los hallazgos más graves en IPS
- Desajuste de medicamentos y pérdidas millonarias: tras exigir una sincronización entre el Sistema de Información Hospitalaria y el software alemán SAP, el IPS debió aplicar un ajuste contable en el cual los bienes de consumo e insumos médicos disminuyeron un 45 %, lo que representa una brecha no aclarada de más de G. 625.000 millones. “¿Qué significa eso? O que se registró mal, o en el peor de los casos que desaparecieron los medicamentos”, advirtió Benítez.
- Pagos a jubilados fallecidos: a pesar de haber sido alertados en reiterados ejercicios anteriores, las autoridades del IPS abonaron más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados ya fallecidos por no realizar un simple cruzamiento de datos digitalizados con el Registro Civil.
- Uso del “mecanismo” de gastos judiciales: la CGR detectó que la previsional eludió de forma sistemática los procesos de licitación pública y controles previos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Para abastecerse con contratos vencidos, firmó acuerdos privados y los homologó judicialmente para abonar mediante el Rubro 915 (gastos judiciales) más de US$ 25 millones (alrededor de G. 104.000 millones).
- Deuda flotante y caos financiero: la institución arrastra una deuda flotante superior a G. 1 billón, lo que le impide comprar insumos con recursos del año en curso. A esto se suma que el Estado y empresas privadas adeudan más de G. 10.000 millones a la previsional (gran parte ya prescripta por negligencia de los funcionarios), una rentabilidad inferior al 1 % en el arrendamiento de sus inmuebles y la proyección de que sus reservas financieras se agotarán para el año 2036.