Luego de que saliera a la luz el acuerdo de conciliación firmado entre el empresario Christian Chena y Yecika Magle Bracho Atacho, titular de la línea telefónica vinculada al portal “Despierta Paraguay”, la representación legal de los denunciantes salió al paso para dejar en claro el alcance del caso.
El abogado Ezequiel Santagada, quien junto a la defensora Cecilia Pérez representa al querellante Hugo Portillo, remarcó que las nuevas evidencias obligan al Ministerio Público a reaccionar. Enfatizó que el fondo de la cuestión penal radica en confirmar si se desviaron o no recursos del Estado para financiar estas campañas sucias contra periodistas y medios de comunicación.
Lea más: Pieza clave en campaña sucia compromete a viceministra Alejandra Duarte
En ese sentido, Santagada diferenció el proceso impulsado por Chena del expediente penal que maneja la Fiscalía a raíz de la denuncia de Portillo.
Explicó que, mientras la querella privada del empresario buscaba sancionar la difamación individual, la causa penal indaga un delito de mayor gravedad, que es la presunta utilización indebida de fondos públicos para montar un esquema de persecución a las voces disidentes.
Lea más: La Red Desinformante: pericia de celular permitiría revelar a financistas, dice abogada
Recordó que esta sospecha fue la que motivó en su momento al fiscal general a conformar un equipo especial de agentes de Delitos Económicos y Delitos Informáticos.
Piden proteger a testigo clave y citar a la viceministra
Ante la aparición del testimonio de Bracho, quien conocería el manejo interno, los contactos y los pagos para pautar en redes sociales, la defensa considera urgente que el Ministerio Público la cite formalmente a declarar.
Santagada insistió en que, dada la delicadeza de la información que la mujer posee sobre la estructura desinformante, resulta imprescindible que el Estado le brinde medidas de protección personal.
Adelantó además que, si el equipo fiscal no actúa de oficio tras tomar estado público estas revelaciones, los denunciantes presentarán un petitorio formal para exigir su convocatoria.
Lea más: Piden proteger a venezolana que revelará datos sobre “La Red Desinformante”
Las repercusiones salpican a la actual viceministra de Comunicación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Alejandra Saldivar, señalada por antecedentes de vinculación con las agencias involucradas.
Sobre este punto, el abogado precisó que, si bien la relación previa no constituye automáticamente un hecho punible, representa un indicio claro de posible conflicto de intereses que la Fiscalía no puede ignorar. Por ello, sostuvo que la autoridad del Mitic también debe ser llamada a prestar declaración testimonial para abrir nuevas líneas de investigación.