La acusación fue presentada por el fiscal de Santa Rosa del Aguaray, Juan Daniel Benítez, quien sostiene que existen elementos suficientes para que Villalba sea sometido a un juicio oral. El dirigente campesino permanece recluido y afronta procesos judiciales relacionados con presuntas invasiones de inmuebles en la región.
En el año 2024, el Ministerio Público había imputado a Villalba por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, amenaza de hechos punibles y transgresión a la Ley de Armas. Según la investigación fiscal, el dirigente sería señalado como presunto líder de un grupo que habría generado situaciones de zozobra durante la ocupación de una propiedad privada en la zona de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú.
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De acuerdo con la Fiscalía, durante el procedimiento fueron halladas armas largas y otros objetos contundentes, mientras que la investigación para ubicar y detener a Villalba se habría extendido por aproximadamente tres meses, hasta concretarse en una zona ocupada.
Al momento de su detención, Villalba contaba con seis órdenes de captura, según los antecedentes del caso, y además era investigado en otras causas relacionadas con supuestas invasiones de inmuebles, entre ellas la ocupación de un predio colindante.
Antecedentes del caso Curuguaty
Rubén Villalba también es conocido por su participación en el proceso judicial derivado de la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías que dejó 11 campesinos y 6 agentes policiales fallecidos.
Villalba había sido condenado inicialmente a 30 años de prisión más cinco años de medida de seguridad por los hechos relacionados con Curuguaty. Sin embargo, años después, fue absuelto junto con otros procesados, quedando sin efecto aquella condena.
Tras recuperar su libertad, volvió a ser investigado por otros hechos relacionados con ocupaciones de inmuebles y enfrentamientos registrados en el departamento de Canindeyú.
En una de estas investigaciones, la Fiscalía lo señala como presunto líder de una ocupación ocurrida en Yasy Cañy en febrero de 2022, donde fallecieron un tractorista y un agente policial. En el marco de esta nueva causa, el Ministerio Público presentó ahora acusación y solicitó que Villalba sea sometido a juicio oral y público.