En conversación con Gustavo Canatta, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, exigió la postergación del tratamiento parlamentario del proyecto de ley de emergencia sanitaria para el Instituto de Previsión Social (IPS), ya que consideró que la versión del Senado desvirtúa el propósito sanitario original para encubrir operaciones financieras.
“Nosotros creemos de que el riesgo es demasiado grande y que lo que están haciendo es permitir con esta ley el uso de los fondos jubilatorios, cosa que el artículo 95 de la Constitución claramente dice que no puede usarse para otros fines”, refirió.
Canatta aseveró que el proyecto colisiona directamente con el artículo 95 de la Constitución Nacional al pretender utilizar como garantía o financiamiento los fondos de jubilaciones para solventar el déficit de salud.
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Cubrir sus deudas sería la cuestión de fondo, según Canatta
Por otra parte, calificó de irracional extender una «emergencia» por aproximadamente dos años y medio coincidiendo con el tramo final del mandato presidencial, argumentando que esto evidencia falencias estructurales y administrativas más que una urgencia temporal.
“Lo que están buscando es la forma de cubrir probablemente sus deudas que tienen con los proveedores de la farmacéutica, etcétera, utilizando como garantía, fundamentalmente, los fondos jubilatorios”, enfatizó.
Y en esa misma línea, alertó que los artículos modificados (1, 2, 3, 7, 17, 18 y 19) no abordan la salud, sino una reestructuración financiera orientada a dar una «carta abierta» a las autoridades para saldar deudas con proveedores farmacéuticos.
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Combatir el fraude y frenar sobreprecios como soluciones reales para el IPS
En lugar de tocar los fondos jubilatorios, Canatta afirma que la solución verdadera es: Evitar que más empresas y personas evadan el pago de sus aportes. Dejar de pagar medicamentos a precios inflados o sobrevaluados. Mostrar cifras transparentes y reales sobre la cantidad de aportantes que tiene la institución.
Finalmente, puntualizó que los próximos pasos de la Unión de Jubilados será enviar las notas al Congreso, a la Superintendencia de Jubilaciones y la UIP (Unión Industrial Paraguaya) para exigir dos cosas: detener la votación de la ley y abrir un espacio de diálogo para acordar soluciones en conjunto.