Frente a los rumores de supuestos cambios en la conducción del principal centro oncológico con el que cuenta el sistema de salud pública, diversas organizaciones de pacientes han reaccionado de manera coordinada para respaldar la continuidad de la actual gestión de la Dra. Jabibi Noguera, advirtiendo que una sustitución motivada por disputas políticas “pondría en grave riesgo la provisión de medicamentos, la atención médica y los avances logrados en el tratamiento del cáncer en el país”, dice el comunicado.
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Adhesión de pacientes del Hospital San Pablo a la postura de APACFA
El detonante de la crisis fue la postura asumida ayer por la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA), cuyo pronunciamiento público sirvió de catalizador para un reclamo sectorial más amplio.
Esta mañana, la Asociación de Pacientes Oncológicos del Hospital San Pablo (JEROVIA APO-HSP) emitió un comunicado oficial en el que confirmó su total adhesión a la postura de APACFA, elevando una solicitud a las autoridades del Ministerio de Salud y del Poder Ejecutivo para que no se lleven a cabo modificaciones en la conducción del INCAN sin antes evaluar el impacto real que esto tendría sobre las personas en tratamiento.
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La exigencia de criterios técnicos frente a la injerencia política
Desde JEROVIA APO-HSP enfatizaron que el sector de la salud pública no debe ser utilizado como un espacio para la negociación o el reparto de cargos políticos. La organización remarcó que cualquier medida tomada en la cúpula del INCAN debe responder exclusivamente a criterios técnicos, institucionales y de planificación a largo plazo.
Según expresaron los representantes de los pacientes, la interrupción de los procesos vigentes podría acarrear un drástico retroceso en áreas extremadamente sensibles como el abastecimiento continuo de fármacos e insumos básicos, la optimización de los servicios de radioterapia y quimioterapia, y la atención integral de las personas que atraviesan la enfermedad.
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El derecho a la salud como principio constitucional innegociable
En su pronunciamiento, el gremio de pacientes del San Pablo apeló de manera directa a los preceptos constitucionales, recordando que la protección de la salud es un derecho garantizado por la Carta Magna y una responsabilidad fundamental e ineludible del Estado paraguayo. Bajo esta premisa, subrayaron que la administración pública debe priorizar siempre el bienestar de la ciudadanía, especialmente de aquellos sectores golpeados por enfermedades de alta complejidad y vulnerabilidad socioeconómica.
La postura unificada de los colectivos de pacientes busca frenar lo que consideran una injerencia en el ámbito sanitario, instando al Gobierno a respetar los procesos en marcha y a garantizar que la atención digna, oportuna y sin interrupciones continúe siendo la máxima prioridad en la lucha contra el cáncer en Paraguay.