Juicio a Armando Gómez: perito confirma esquema de anulación de facturas

Armando Gómez, intendente de Lambaré.
Armando Gómez, ex intendente de Lambaré acusado por el desvío de más de G. 9.300 millones, en el año 2019.Virgilio Vera, ABC Color

Un testimonio clave se dio esta semana en el juicio oral al ex intendente de Lambaré Armando Ramón Gómez Arévalo (PLRA) y otros cuatro acusados de integrar supuestamente un esquema criminal que, según fiscalía, causó un perjuicio de más de G. 9.300 millones a la institución municipal en el año 2019.

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El perito informático Ramón Alberto Bruening González declaró este jueves en el juicio oral que afronta el ex intendente de Lambaré Armando Ramón Gómez Arévalo (PLRA) y otros cuatro acusados por el presunto desvío de más de G. 9.317.065.062 de la comuna.

El encargado de la pericia informática realizada en el marco de la causa por presunto hurto, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal; confirmó que durante la administración de Armando Gómez al frente de la comuna lambareña, específicamente en el año 2019, fueron creados usuarios para anular facturas de manera irregular.

Bruening González puntualizó que se crearon usuarios como “test” o “check” para el cambio de contraseñas, otorgar permisos no autorizados y borrar los rastros de cuentas claves. Sin embargo, pese a la anulación de facturas, los contribuyentes figuraban en estado “pagado”, evitando así que el sistema les marcara deuda por impuestos y tributos, mientras el dinero recaudado desaparecía de la institución municipal.

Tres personas en un tribunal: mujer con abrigo claro central, dos asistentes tomando notas en un ambiente formal. Bandera paraguaya en fondo.
Los jueces Elsa García, Adriana Planás (presidenta) y Matías Garcete integran el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juicio oral a Armando Gómez y otros acusados.

El presente juicio oral continuará el lunes 12 de octubre, a las 10:30, con las declaraciones de otros testigos, según anunció el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Elsa García y Matías Garcete.

Acusación contra Armando Gómez y otros

En la presente causa están acusados el ex intendente Armando Gómez, el exdirector de Administración y Finanzas, Roberto Ever Paredes Ojeda; el exjefe del Departamento de Tesorería Rodrigo Javier Portillo Chirife; el exfuncionario del Departamento de Gestión Tecnológica, Ricardo Ronald Ricciardi; y el exdirector interino de Gestión Tecnológica, Edgar Iván Villalba Torreblanca.

La acusación del Ministerio Público, sostenida en el juicio por el fiscal anticorrupción Francisco Cabrera, es por la supuesta comisión de los hechos punibles de hurto, alteración de datos relevantes para la prueba, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal.

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De acuerdo con la teoría plasmada en la acusación, las anulaciones irregulares de facturas por pagos de impuestos se dieron entre el 24 de enero y el 25 de octubre de 2019.

Francisco Cabrera en traje oscuro y corbata delgada, concentrado en su portátil, en un ambiente sobrio con otra persona al fondo.
Fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, encargado del caso Armando Gómez.

El plan consistía en que Rodrigo Javier Portillo Chirife, como tesorero, pasaba las recaudaciones diarias al director de Administración y Finanzas Roberto Ever Paredes Ojeda quien, conforme al plan diseñado con el entonces intendente Armando Ramón Gómez Arévalo, le señalaba a Rodrigo Javier Portillo Chirife los montos que tenían que ser sustraídos por día, para que este a su vez, le pase dichos montos a Edgar Iván Villalba Torreblanca, a fin de que proceda a anular facturas en el sistema informático.

Desvío de G. 9.317 millones tras anulación de facturas

El Ministerio Público afirma en el requerimiento conclusivo que el esquema logró anular un total de 6.390 facturas de pago de impuesto por un valor de G. 9.317.065.062, que sería el monto del perjuicio que sufrió la institución municipal en el año 2019.

La fiscalía afirma que estas anulaciones se realizaban de la siguiente manera: al realizar el pago correspondiente, al contribuyente se le entregaba el comprobante de ingreso original por el pago de su impuesto y/o servicios en las cajas habilitadas, posteriormente, fuera del horario laboral, se anulaba el comprobante en el sistema informático por usuarios que poseían el permiso para realizar dicha operación, por lo que el importe de estos no ingresaba a las arcas municipales.

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Al respecto el Ministerio Público sostiene que, si bien existen casos justificados donde pueden ser anulados los comprobantes, estos ser realizados al momento mismo, en presencia del contribuyente, con una causa debidamente justificada y por los funcionarios habilitados para el efecto.

En estos casos, la anulaciones eran irregulares, ya que no cumplían con lo establecido en las reglamentaciones referente a los procesos de anulación de comprobantes de ingresos eran realizadas por usuarios que no deberían tener dichos privilegios, en otras ocasiones usuarios inexistentes y en horarios no habilitados, fuera del horario laboral y varios días posteriores a su emisión.