El 29 de julio de 2026 al procesado Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, extitular de la Junta Municipal de Quyquyhó, se le concedió la suspensión condicional del procedimiento, por el plazo de 2 años, por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos N° 1 Humberto Otazú.
Esto en el marco de su proceso por enriquecimiento ilícito en la función pública y tráfico de influencias, en estrecha vinculación con el esquema de corrupción pública supuestamente liderado por el diputado colorado cartista Esteban Samaniego, también requerido por la justicia en esta causa, pero se ve obstaculizado su sometimiento por la permanencia de sus fueros.
Dentro de lo que corresponde a su proceso, la jueza de Ejecución Penal Especializada en Delitos Económicos Crimen Organizado y Corrupción Del Primer Turno, Sandra Kirchhofer, impuso entre otras reglas de conducta la obligación de abonar G. 100.000.000 a fundaciones.
En tal sentido, Bareiro Bogarín, según lo dispuesto por la jueza Kirchhofer, debía abonar G. 50.000.000 a la Fundación Asoleu, pudiendo realizarlo en 24 cuotas de G. 2.083.000, sin embargo, no se adjuntó constancia de pago por lo que se encuentra adeudando la suma de G. 6.249.000.
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También debe abonar la obligación de pagar G. 25.000.000 a Aldea S.O.S, pero se verifica en autos constancia de pago por G. 2.000.000, que Bareiro Bogarín adeuda la suma de G. 1.124.998 a dicha institución.
Mientras que, por otros G. 25.000.000 que el extitular de la junta a la Fundación Teresiana, el procesado no ha adjuntado constancia de pago, por lo que se encuentra adeudando 3 cuotas asciende a G. 3.124.998.
De no pagar, extitular de junta quedará sin suspensión, advierte jueza
A través de su resolución Auto Interlocutorio (AI) N° 449 de la jueza Kirchhofer, los elementos fácticos permiten inferir el cumplimiento parcial de las obligaciones establecidas, por lo que “resulta oportuno resaltar que la carga obligatoria de cumplimiento la tiene el procesado, quién al momento de aceptar las condiciones establecidas debe seguir los pasos de la causa hasta finiquitarla”.
Por esta razón, el “juzgado ha intimado al tiempo de tener por recibida la causa, ha convocado a audiencia al señor Carlos Aurelio Bareiro Bogarin a los efectos de ofrecer pruebas y acompañar la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones impuestas”.
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Refirió la magistrada que, “cabe señalar que la suspensión condicional del procedimiento se funda en la expectativa de que a través de la imposición de condiciones y reglas el procesado pueda prescindir de la persecución penal”.
En el escrito judicial, señala la jueza que si bien “este juzgado considera pertinente mantener el beneficio de la suspensión condicional del procedimiento a Carlos Aurelio Bareiro Bogarin a fin de otorgarle la oportunidad de continuar con el cumplimiento efectivo de las condiciones impuestas hasta la culminación del periodo probatorio”, lo hace “bajo apercibimiento de la estricta aplicación del artículo 23”.
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Dicho indicativo de la norma jurídica refiere que, en caso de que el imputado incumpla con las reglas impuestas para recibir la salida procesal de la suspensión condicional del procedimiento, la misma le será revocada y el procedimiento seguirá su curso, esto toma relevancia pues Bareiro Bogarín fue acusado por la Fiscalía, acompañado del pedido de que vaya a juicio.
Investigación por supuesto desvío de fondos municipales
Carlos Bareiro Bogarín, quien dejó el cargo de la presidencia de la Junta Municipal, se encuentra procesado en una causa que investiga un supuesto desvío de G. 1.109 millones en perjuicio de la Municipalidad de Quyquyhó. La investigación fiscal analiza presuntos hechos de asociación criminal, lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.
En la misma causa también están involucrados otros familiares y autoridades, entre ellos la intendenta renunciante Patricia Corvalán (ANR-HC), el diputado cartista Esteban Martín Samaniego y su madre Blanca Álvarez, además de otros funcionarios y dirigentes.
Los involucrados permanecen sometidos al proceso judicial correspondiente y cuentan con la presunción de inocencia hasta que exista una resolución definitiva.