Conflicto político en Gobernación de Alto Paraguay impide trabajo de equipo de transición

“Hace varias semanas estamos buscando la forma de trabajar dentro de la institución para ultimar los detalles de la toma de posesión; sin embargo, lo que más nos interesa es conocer en qué situación se encuentra la Gobernación, qué es lo que vamos a recibir”, dijo el flamante nuevo gobernador colorado cartista, Arturo Méndez.

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Explicó que el equipo de transición sigue sin poder realizar trabajos debido al conflicto político que se vive actualmente dentro de la Gobernación, donde dos concejales se disputan el cargo de gobernador, a pesar del poco tiempo que resta para que finalice el presente periodo de gobierno.

Propiciar el crecimiento

Según el ejecutivo departamental, el poblador del Alto Paraguay debe tener la oportunidad de crecer en el departamento. “Esa es una de mis metas principales. Tenemos que trabajar bastante y dotar de las herramientas necesarias a las personas que se sientan acompañadas con el desarrollo en todos los niveles, y que esto les ayude a tener una mejor calidad de vida”, precisó.

En otro momento, indicó que su equipo de gobierno se enfocará en trabajar de manera coordinada con todas las instituciones, sean públicas o privadas, a fin de mejorar los precarios caminos de tierra. “Queremos presentar proyectos al Gobierno central para tener rutas asfaltadas y así evitar los eternos aislamientos de las comunidades de la zona”, adelantó.

Otra de las necesidades de la región es tener un servicio de energía eléctrica de calidad, lo que posibilitará la venida de inversionistas al departamento y la instalación de industrias para la generación de fuentes de trabajo, algo tan necesario para las familias del Alto Paraguay.

“Es urgente trabajar en proyectos que aseguren que las personas del departamento puedan acceder al servicio de agua potable. No podemos seguir con esta falencia que azota a numerosas comunidades y, por sobre todo, al sector de la ganadería, puntal de la economía en esta región”, resaltó.

En cuanto a la asistencia sanitaria, dijo que urge mejorar los hospitales de la zona. “Es urgente que las personas accedan a un mejor servicio de salud, como de igual manera a una educación de calidad, acorde a los tiempos en que vivimos”, puntualizó.

De acuerdo al gobernador, se debe trabajar para revertir esta pésima imagen que desde hace años presta la Gobernación. En ese sentido, dijo que es fundamental rodearse de colaboradores patriotas y con deseos de trabajar, que sobresalgan en ellos su idoneidad y, por sobre todo, la honestidad.

Al respecto, el nuevo gobernador aseguro que no primarán los intereses políticos, como las famosas recomendaciones partidarias a la hora de designar a sus eventuales secretarios departamentales. “Solo de esta manera, el altoparaguayense tendrá la oportunidad de desarrollarse con su familia dentro del departamento, sin necesidad de tener que dejar sus comunidades”, enfatizó.

Conflicto político

Mientras el gobernador electo no puede trabajar con su equipo de transición, en la Gobernación se está librando una dura batalla entre dos grupos antagónicos de concejales departamentales, sin que les importe la suerte de los pobladores, y a solo 58 días para que finalice el periodo de gobierno.

El pleito se encuentra en la cancha de la Justicia Electoral, que procedió a otorgar una medida cautelar a Cinthia Benítez (ANR), gobernadora electa recientemente por la Junta Departamental, en reemplazo de Ricardo Duarte Filho (ANR), elegido por estos mismos concejales en enero para reemplazar al exgobernador José Domingo Adorno, quien había renunciado para candidatarse a la diputación.

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El grupo que apoya a Ricardo Duarte se adueñó de la oficina que la institución posee en la capital del país, por lo que la gobernadora tuvo que instalarse en otra oficina, también en la capital del país, y desde allí busca cumplir con los compromisos de pagos pendientes, como ser el salario de mayo de los funcionarios y contratados y el pago de becas a los estudiantes del departamento.

Ambas personas aguardan una resolución definitiva por parte de la Justicia Electoral que confirme quién será el que finalice el periodo de mandato hasta el 15 de agosto.