La victima actualmente tiene 10 años de edad y es oriunda de la comunidad de María Elena, donde viven familias de los Tomarahos a unos 60 kilómetros de esta capital departamental. La niña sería fruto de una supuesta violación que habría sufrido la madre por el hoy acusado de este grave hecho de abuso sexual.
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En dicha comunidad, el supuesto abusador se encontraba trabajando ocasionalmente y habría abusado de la madre de la niña. Actualmente el hombre es funcionario público en Fuerte Olimpo y se encuentra con paradero desconocido y con orden de captura, tras lo acontecido con su propia hija.
Tres años atrás este mismo hombre fue acusado por la propia madre que si es nativa, de haber abusado de la menor que por entonces tenía 7 años de edad. El abusador fue detenido, pero en poco tiempo recuperó su libertad de manera incomprensible, atendiendo el grave hecho del cual se le acusaba.
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La niña fue entrega por entonces a la madre, quien posteriormente volvió a ser convencido por el hombre de que se haría cargo de su hija, sobre todo para que pueda acudir a la escuela en esta capital departamental. Atendiendo la vulnerabilidad de estas personas indígenas, increíblemente la menor fue de nuevo entregado al supuesto abusador.
Falla de los sistemas de protección
La niña vivía sola con su padre y asistía a la escuela en esta comunidad. De este grave hecho lamentablemente ninguna autoridad se dio cuenta, es así que fallaron los responsables judiciales, fiscalía, defensoría pública, juzgado de la niñez y hasta los mismos maestros. Nadie se percató o no quiso percatarse de que la menor fue entrega de nuevo nada más que a su propio verdugo.
Hasta que finalmente y tras una denuncia anónima, la defensoría publica con acompañamiento de la fiscalía, procedieron a rescatar la semana pasada a la niña de la casa donde vivía, y tras ser llevado al hospital e inspeccionado por los profesionales, se pudo constar que sufrió abuso sexual, de manera reiterativa.
Ante el grave hecho el fiscal Gabriel Rolón, encargado de la investigación, dictaminó la orden de arresto para el padre, quien hasta el momento se encuentra desaparecido, según los uniformados policiales e inclusive dejó de asistir a su lugar de trabajo.
El hombre es un funcionario judicial y por allí se cree que obtuvo todo estos privilegios, de recuperar su libertad en tiempo récord, en la primera denuncia sobre abuso sexual del 2023, y sobre todo para que nadie reclame nada, al conocer que la niña vivía sola con el supuesto abusador.
Recuperar a la víctima
En la mañana de este martes un grupo de indígenas Tomarahos, entre las que se encontraban parientes de la niña e inclusive la propia madre, se constituyeron ante el juzgado de paz de esta comunidad, para ver la forma de recuperar a la menor y llevarla de nuevo a la localidad nativa.
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La jueza de paz Estela Alcaraz les manifestó que el caso está a cargo de la defensoría pública y la fiscalía, y es allí donde deben acudir para solicitar la petición, y es precisamente lo que están haciendo en estos momentos, atendiendo que la niña desde el momento en que fue sacada de su vivienda, se encuentra refugiada en una sala del Hospital Regional de esta población.
Sucede que no se encontró un lugar donde llevar a la menor, por lo que permanece en el sitio dijeron desde las autoridades encargadas de la investigación. En este drama de lamentables hechos, sin duda alguna, la niña indígena fue víctima no solo de su padre biológico, sino de las propias autoridades, quienes deberían velar por su protección.
