Concejales de la oposición habían denunciado numerosas irregularidades que supuestamente habría cometido el jefe comunal durante los 10 años de mandato al frente de esta Municipalidad chaqueña del Alto Paraguay. Entre ellas figuran obras fantasmas, que solo aparecen en los papeles, y otras supuestamente sobrefacturadas.
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Ante estos reclamos, consiguieron que la Contraloría General de la República realizara una auditoría a la gestión del intendente. En julio del 2025, funcionarios del ente contralor, llegados a esta población, procedieron a verificar las documentaciones y las supuestas obras sobrefacturadas o fantasmas denunciadas por los ediles.

Desde entonces, y a más de un año de haber culminado estos trabajos, la CGR sigue dilatando el informe del resultado final. Al respecto, el concejal Luis Da Silva (FG), uno de los principales cuestionadores al intendente, dijo que existiría la sospecha de un supuesto acuerdo desde el mismo Partido Colorado para proteger al jefe comunal; por ello, se continúa escondiendo este informe.
“En estos días estoy viajando a la capital del país, a 850 kilómetros, para insistir en obtener los resultados de estos trabajos”, dijo el edil, al tiempo de criticar el accionar de los responsables de la CGR, atendiendo que “necesitamos de forma urgente conocer el resultado final de sus trabajos, en relación a nuestras denuncias contra el intendente Ferreira”, expresó finalmente.
Denuncias
Una de las denuncias específicas que pesan contra la administración de Joao Ferreira hace relación a la construcción de un aula en la escuela de la comunidad indígena de Puerto Esperanza. El monto aprobado por la misma Junta Municipal fue de G. 532 millones; sin embargo, el jefe comunal pagó G. 1.100 millones, sin contar con el aval de los concejales.

El intendente habría presentado facturas por un monto superior a los G. 400 millones por supuestos trabajos realizados en la zona de Sierra León; sin embargo, los ediles dicen desconocer qué tareas se pudieron realizar en dicho lugar, ubicado casi en la misma frontera de nuestro país con Bolivia.
Joao Ferreira habría ejecutado obras viales por un monto superior a los G. 1.200 millones, de los cuales G. 300 millones no tienen facturas legales de respaldo, decía el concejal denunciante, argumentando que en reiteradas ocasiones eran los mismos pobladores quienes realizaban colaboraciones, las famosas vaquitas, para reparar las calles de la comunidad, alegaban los concejales en la denuncia.
Otro de los cuestionamientos se refiere a que el intendente intentó justificar unos G. 500 millones en supuestas reparaciones de caminos y en trabajos de la franja costera dentro de la misma población, pero estas obras nunca se hicieron, decía por entonces el concejal Da Silva.
La Junta Municipal de esta localidad chaqueña está compuesta por 12 concejales, de los cuales 8 pertenecen al Partido Colorado, 3 al Frente Guasu y 1 al PLRA; sin embargo, un solo edil se preocupó en realizar estas graves denuncias y exigir que la CGR llevara adelante la auditoría al gobierno del ejecutivo.
En reiteradas oportunidades, el intendente había mencionado que no existen obras fantasmas ni sobrefacturadas, y que todos los cuestionamientos que pesan en su contra serían demostrados a través de documentaciones.
Calles destrozadas
Joao Ferreira cumple 10 años de mandato al frente de este municipio y, en todo este largo tiempo, fue bastante criticado por los pobladores debido al abandono en que se encuentra la población, siendo la precariedad de las calles uno de los mayores cuestionamientos.

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El intendente no logró poner en condiciones las pocas calles con que cuenta la comunidad, y que se convierten en verdaderas pesadillas para los pobladores después de cada lluvia, donde solo los vehículos todoterreno 4x4 logran transitar por el lugar.
El jefe comunal alegaba siempre no contar con recursos económicos; sin embargo, el presupuesto anual de la Municipalidad supera los G. 8.000 millones. Además, recibieron millonarias sumas en concepto de royalties, que bien invertidas podrían dar solución a los menos de 2.000 metros de calles de tierra que existen dentro de la población.
La comunidad de Bahía Negra se localiza a unos 850 kilómetros de la capital del país y cuenta con más de 4.000 habitantes, de los cuales el 60% pertenece a comunidades indígenas. La principal actividad económica es la ganadería en pequeña y gran escala.

