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Para el encuentro fueron citados el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas; el ministro del Interior, Francisco De Vargas; y al fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, en reunión prevista para las 08:30 en la sala vip de la Cámara Baja.
La convocatoria fue una iniciativa de la diputada Olga Ferreira de López, titular de la Comisión de Derechos Humanos, ante los datos presentados por el propio titular de la Senad sobre escuchas telefónicas a varios legisladores, supuestamente relacionados a personas investigadas o vinculadas con el crimen organizado.
Sobre el punto, la parlamentaria Ferreira explicó que los temas a ser abordados en la reunión obedecen a la legalidad de las escuchas –también llamados “fonopinchazos”-, ya que para las mismas, la Fiscalía debe contar con una orden judicial.
“Lo que nosotros queremos saber es si se está quebrantando la Constitución Nacional, porque para las escuchas se debe tener una orden judicial. Si los 80 diputados estamos con los teléfonos pinchados, pues debe haber una orden autorizada por un Juez; caso contrario, estaremos volviendo a la dictadura, donde todos los habitantes nos sometemos a las escuchas”, indicó la congresista.
Remarcó el peligro de sobrepasar la Carta Magna y volver a la época dictatorial. “Esto es poder absoluto sobre la vida de 6 millones de habitantes porque si pueden hacerlo con legisladores, por qué no lo harían con cualquier ciudadano”, enfatizó la diputada, según se publica en la página web de la presidencia.
Finalmente, Ferreira sostuvo que, si bien “hay situaciones no muy felices en el Parlamento”, desde el inicio de este periodo parlamentario hubo una campaña de desprestigio contra el Poder Legislativo, posiblemente apuntada a que el Ejecutivo tenga más poder, sostuvo.