Los hábitos de consumo han cambiado en la última década y traen consigo desafíos por el uso de tecnologías y de herramientas modernas que se observan en los mercados. Por ese motivo, la Secretaría de Defensa del Consumido y Usuario (Sedeco), que recibe 800 denuncias al mes, impulsa la actualización del Código de Defensa del Consumidor, de modo a adecuarlo a los escenarios actuales de compra-venta de productos y servicios.
En conversación con ABC, el director de Transparencia de Sedeco, Alejandro Apuril, contó que acaban de cerrar la fase de socialización del proyecto, que busca actualizar la Ley 1334/98 de Defensa del Consumidor y Usuario. En ese sentido, informó que el pasado 31 de mayo concluyó el plazo otorgado a gremios y organizaciones de la sociedad civil para presentar observaciones al último borrador.
Según lo explicado, el proceso comenzó con un anteproyecto elaborado por el especialista en derecho del consumidor, llamado Javier Wajntraub, consultor contratado por la institución estatal. El experto integró en su momento la comisión redactora encargada de la actualización de la normativa de defensa del consumidor en Argentina.
Proyecto socializado con el sector empresarial
No obstante, la propuesta presentada en un inicio -hace más de un año- tomó como referencia normativas del Mercosur, legislación europea y experiencias comparadas de otros países. Luego, tras una primera etapa de socialización con gremios productivos, se recibieron observaciones que derivaron en modificaciones de más del 60% de los artículos, comentó.
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“El anteproyecto volvió a ponerse a consideración del sector empresarial, de los gremios y de la sociedad civil en general, incorporando los aportes recibidos durante el proceso”, señaló.
La necesidad de actualizar una Ley de 1998
De acuerdo con lo explicado, a casi tres décadas de la promulgación de la actual Ley de Defensa del Consumidor- data de 1998, cuando el Internet era de limitado alcance en los hogares paraguayos-, se avanza en una actualización de la normativa de Paraguay, para adecuarla a las nuevas formas de comercialización y consumo.
En esa línea, Apuril destacó que Paraguay no cuenta actualmente con una garantía legal obligatoria para los productos comercializados, una figura que sí está presente en la mayoría de los países de América Latina.
“Ampliamos los derechos de los consumidores en línea con los reglamentos del Mercosur y estándares internacionales. Por ejemplo, hoy no contamos con una garantía legal, aspecto que se incorpora en el proyecto. Tampoco estaba previsto un derecho general de arrepentimiento (te permite cancelar una compra o servicio sin necesidad de justificar la causa)”, afirmó.
Derecho legal y publicidad digital
El director detalló que actualmente el consumidor solo puede desistir de determinadas compras realizadas a distancia. Sin embargo, el nuevo código plantea ampliar el derecho de arrepentimiento, permitiendo devolver un producto dentro de un plazo de 10 días sin necesidad de justificar la decisión.
Otro de los puntos destacados por el funcionario es que la propuesta incorpora regulaciones sobre publicidad digital, responsabilidades para influencers que promocionen productos o servicios -un área prácticamente sin ninguna regulación en la actualización-, así como disposiciones vinculadas al uso de inteligencia artificial y plataformas digitales.
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“Los influencers y creadores de contenido deberán dar a conocer cuándo una publicación corresponde a una publicidad pagada, pudiendo asumir responsabilidades en caso de incumplimiento", dijo sobre lasa nuevas reglas que se establecerán para la publicidad digital.
Atención al consumidor por una persona real
Apuril señaló que, de aprobarse el proyecto, los consumidores percibirán cambios concretos en distintos ámbitos. Amplió que uno de ellos será la regulación de las plataformas o entornos digitales y la utilización de inteligencia artificial en la atención al público.
“Muchas veces contactamos con una empresa y nos atiende un chatbot o un sistema de inteligencia artificial. La ley obligará a las empresas a que la atención y la comunicación con el consumidor pueda ser con persona humana real”, resaltó
Garantía de un producto
“El proyecto establece una garantía legal mínima de un año para los productos nuevos y de seis meses para los productos usados”, precisó sobre respaldo para la adquisición de un artículo o mercadería.
Otro de los aspectos incorporados es el tratamiento del sobreendeudamiento y los pagarés de consumo. Según subrayó, bancos, financieras, cooperativas y otras entidades que otorguen créditos deberán brindar información más detallada a los consumidores sobre su situación financiera y los riesgos asociados a la contratación de nuevas deudas.
“El consumidor podrá decidir igualmente si toma o no el crédito, pero la entidad tendrá la obligación de informarle adecuadamente sobre su situación financiera. Es una forma de educación financiera y prevención”, agregó.
Observaciónes de gremios
Tras la socialización del anteproyecto a los gremios, estos tuvieron tiempo de responder hasta fines de mayo pasado con sus respectivos puntos de vista. Respecto a las observaciones formuladas por los dirigentes, Apuril afirmó que varias responden a interpretaciones provenientes de otras ramas del derecho y no necesariamente del derecho del consumidor.
Recordó que la normativa tiene un carácter tutelar debido al desequilibrio existente entre consumidores y proveedores. En ese contexto, ejemplificó las cláusulas abusivas en contratos de adhesión.
“Cuando una persona adquiere un servicio o compra un producto no negocia las condiciones del contrato. Simplemente adhiere a un contrato preestablecido. El hecho de que esté firmado no significa que todas sus cláusulas sean válidas si contienen disposiciones arbitrarias o abusivas”, expresó.
Añadió que varias observaciones fueron incorporadas al proyecto, lo que conlleva a realizar varias modificaciones desde la primera versión.
UIP pide reglamento claro de sanciones
En esa línea, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), comentó por su parte que desde hace más de un año y medio vienen trabajando dentro del sector privado en torno al anteproyecto impulsado por la Sedeco.
Señaló que la propuesta vigente requiere una actualización, pero sostuvo que, para el gremio industrial, una de las cuestiones más urgentes es reglamentar todo lo relacionado con las sanciones, ya que actualmente no existe un reglamento claro y, según entienden, se generan situaciones de injusticia.
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“En este momento somos 30 gremios empresariales trabajando con asesoramiento profesional y contribuyendo para que tengamos el mejor código posible, adaptado a la realidad jurídica y comercial del Paraguay”, apuntó.
Consultado sobre los aspectos que deberían ajustarse en el documento presentado por la Sedeco, Duarte indicó que son varios, debido a que se trata de un anteproyecto bastante extenso. Sin embargo, sostuvo que la principal preocupación pasa por las intervenciones, las sanciones y los procedimientos sean claras y justas.
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Que la ley sea aplicable al mercado paraguayo, pide la CNCSP
A su vez, Esteban Dos Santos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), reconoció que existen algunos desacuerdos respecto a determinadas disposiciones, aunque sostuvo que el sector acompaña la necesidad de modernizar la normativa.
Entre los puntos de discrepancia, mencionó que algunas disposiciones responden a modelos normativos aplicados en economías más sofisticadas, donde los mecanismos de control son más confiables y cuentan con una estructura institucional más consolidada.
“Nosotros vemos que Paraguay todavía tiene algunas debilidades que pueden hacer que ciertos conceptos de la ley queden al arbitrio de la implementación. Queremos asegurarnos de que todo lo que se escriba en la ley sea efectivamente aplicable y sostenible a largo plazo”, sostuvo.
Fecoprod teme mayor burocracia para acceder a créditos
A su turno, el presidente de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), Alfred Fast, cuestionó la propuesta, debido a que consideró que generará más burocracia, encarecerá el acceso al crédito y terminará perjudicando tanto a las cooperativas como a los consumidores.
Según Fast, la iniciativa incorpora mayores cargas administrativas para las cooperativas, especialmente en materia crediticia. Explicó que el sector ya se encuentra bajo la supervisión del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), por lo que "la creación de nuevos mecanismos de control" implicaría una superposición de funciones y mayores costos operativos.
“Lo que va a generar es más burocracia y más restricciones, haciendo que el socio tenga mayores dificultades para acceder al crédito”, advirtió el dirigente.
La versión definitival del anteproyecto de ley todavía no se compartió con la prensa. No obstante, los gremialistas enterevistados aseguraron que seguirán colaborando para que el proyecto que se presente al Congreso sea lo más adecuado posible.