Esto último garantizado, incluso en nuestra Constitución Nacional, que menciona que “las fuentes públicas de información son libres para todos”.

En el contexto político-social actual también vale recordar dos principios claves de la “Declaración de Chapultepec” (1994), que menciona que “Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”, y que “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”.

La Sociedad Interamericana de Prensa describió con contundencia, en el marco de su reciente 77° asamblea, que en nuestro país las oficinas de Gobierno incumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública y alerta que numerosas dependencias del Estado, eso incluye a las administraciones descentralizadas (municipalidades y gobernaciones) procurarán su derogación.

Lo primero tal vez no sorprenda. Decenas de ciudadanos, y me incluyo, quedamos “colgados” esperando la respuesta a solicitudes de información pública que ya deberían estar disponibles en los respectivos sitios web.

Hacen tabla rasa de la Ley 5.282 de “Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.

Claramente, si no se judicializa no responden o si lo hacen envían cualquier mamaracho. Me ha pasado. Si ya no te pasó, también lo experimentarás.

Pero lo segundo es más preocupante.

La advertencia sobre planes de eliminar leyes de rendición de cuentas del Estado al ciudadano.

Esto no se lo inventó la SIP. Para nada. Surge a partir de una mirada sobre la realidad regional, que nos debe interpelar, por la deriva autoritaria de Gobiernos vecinos que van en busca de nuevas estrategias para limitar la publicidad de sus acciones.

Durante la Guerra Fría había cobrado fuerza el uso de la denominación de “información clasificada” a documentos sobre espionaje, armas y otros apuntes considerados “sensibles” sobre Seguridad Nacional para los Estados en disputa por el liderazgo mundial.

En la actualidad, quienes se niegan a dejar o concentrar poder, están inmersos en la tarea de desempolvar esa vieja táctica designándola como “información reservada”.

¡Qué peligro! Allí apuntan. A eso aspiran, y de ninguna manera debería aplicarse a la rendición de cuentas y gastos de fondos públicos generados por los contribuyentes.

Como sostienen desde la SIP, se debe desmantelar la cultura del secretismo; porque la información empodera a la población y apuntala la democracia.

viviana@abc.com.py