La ironía se transformó una vez más en realidad, cuando unos minutos antes del mediodía del viernes el embajador estadounidense Marc Ostfield se encargaba de informar que mantuvo una reunión con el canciller paraguayo Julio Arriola a quien le aseguró que las designaciones sobre corrupción significativa no son políticas, sino que su gobierno ejerce su derecho a decidir quién no es elegible para ingresar a su territorio.
Pero Ostfield fue aún más allá, al anunciar que seguirán usando todas las herramientas disponibles para combatir la corrupción, y, sobre todo reafirmando, que la decisión de utilizarlas está determinada únicamente por la evidencia y las autoridades legales de EE.UU.
“Está determinada únicamente por la evidencia” escribió el embajador, un día después de que el vicepresidente Velázquez anunciase que por el momento no presentará su renuncia al cargo, hasta tanto conozca concretamente cuál es el hecho por el que el gobierno de Estados Unidos lo acusa de haber ofrecido, a través de su estrecho colaborador Juan Carlos Duarte, más de un millón de dólares a un funcionario público paraguayo, para obstruir una investigación que lo amenazaba a él y a sus intereses financieros.
Al comunicar su cambio de posición ese jueves, el vicepresidente expresó que había realizado consultas tanto en Paraguay como en Estados Unidos, en las que le aseguraron que no hay investigación abierta sobre él.
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De la reunión entre el canciller Arriola y el embajador Ostfield solo se pudo saber a través de lo que escribió este último, ya que el funcionario paraguayo se llamó a silencio e hizo saber que solo dará declaraciones tras la reunión que mantendrá mañana con los senadores que lo convocaron para conocer qué información tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de las declaraciones de corruptos significativos del expresidente Cartes y el vicepresidente Velázquez.
En la situación que afecta a Cartes, los datos del pronunciamiento llevan a pensar inevitablemente en dos casos: los de Darío Messer y la contratación del avión venezolano-iraní, que es la que habría desencadenado la reacción del gobierno de EE.UU.
En la situación que afecta a Velázquez se tejieron varias conjeturas pero ninguna tiene aún un empalme sólido con los datos emitidos en ambos comunicados, el que leyó el embajador Ostfield y el que firmó el secretario del Departamento de Estado Antony Blinken.
Ambos sí hablan del intento de obstruir una investigación, pero no precisan si es judicial, tributaria, aduanera, de la Contraloría, o de alguna otra institución del Estado, como la Secretaría Nacional de Inteligencia, por ejemplo.
Por ahora solo es posible hacer conjeturas, como las que también hacen varios operadores colorados que ya apelan al discurso que busca cohesionar filas, de que el gobierno de Estados Unidos está en una campaña para lograr la caída del partido de gobierno.
Este a su vez ya comunicó al canciller paraguayo que la lucha contra los corruptos seguirá, dejando abierta la pregunta sobre si esto se seguirá limitando a la cancelación de visas para ingresar a su territorio o derivará en algún proceso judicial con pedido de extradición incluido.