Sobre los motivos de la renuncia, que nada tiene de digna, sobran versiones y especulaciones y casi todas podrían ser ciertas.
Una de las más creíbles es que Godoy era más o menos consciente de que sus presuntos latrocinios y trapisondas iban a ser expuestas públicamente y de que su defensa no sería convincente, por lo cual era mejor irse haciéndose la víctima.
Sus hasta hace poco defensores, colorados y liberales, pagarían además un costo político que no compensaban los operadores ubicados en la Defensoría, que igual podían continuar sin necesidad de poner la cara por Godoy.
No obstante, el tiempo que estuvieron sosteniéndolo de manera innecesaria, les pasó alguna factura, en especial a la bancada de Honor Colorado, pese a la pretensión de presentarse ahora como quienes lo hicieron renunciar.
Fue curioso ayer ver al candidato presidencial Santiago Peña, sentado con los diputados cartistas, anunciando que le soltaban la mano a Godoy, cuando que, 48 horas antes, el exministro de Hacienda calificaba las denuncias contra el defensor como una “simple persecución política” y sostenía que no correspondía el juicio político.
Tener a un títere inútil en el máximo cargo de una institución que consideran de menor cuantía, por ocuparse de algo tan “secundario” como los Derechos Humanos, no era motivo de algún remordimiento para estos políticos.
Pero, si el personaje acumulaba denuncias por cobros irregulares, acoso a funcionarias, persecución, amenazas de muerte a diputadas y cuestiones por el estilo, seguir manteniéndolo ya no era negocio, menos en época electoral.
La historia de la Defensoría del Pueblo en nuestro ordenamiento institucional es frustrante (para quienes propiciaron su creación) y un ejemplo de la falta de escrúpulos, y la priorización de intereses particulares o partidarios por encima del interés general. El organismo fue creado por los constituyentes en 1992. El artículo 276 de la Constitución establece que el defensor del pueblo es un delegado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios.
Huelga decir que ninguno de los dos únicos defensores del pueblo designados desde que el cargo existe, Manuel Páez Monges (que estuvo 15 años atornillado) y el actual renunciante, cumplieron mínimamente con su responsabilidad.
Recién en 2001, o sea 9 años después de crearse la figura en la Constitución, los parlamentarios se pusieron de acuerdo para elegir a un defensor. Y lo hicieron “a lo político paraguayo”, es decir tranzando una repartija de cupos y designando a un burócrata que no molestara al poder de entonces.
El motivo y la forma en que se resolvió la salida de Godoy dan pocas esperanzas de que algo vaya a cambiar en la Defensoría, cuyas atribuciones constitucionales son muy interesantes, si el cargo lo ocupa alguien con voluntad de ejercerlas y si cuenta con sensatez, capacidad y sensibilidad.
Debería pasar algo muy raro, como un ataque de patriotismo y de honestidad que sufra repentinamente la mayoría de los parlamentarios, para pensar que algo mejor puede venir.