Esquema delictivo

El pasado lunes, la Fiscalía sorprendió con una nueva imputación contra el exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre (cartista) y otras 49 personas sospechadas de haber cometido los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal.

El fiscal Juan Ledesma investiga el presunto daño patrimonial de más de G. 18.300 millones desembolsados por la Gobernación a cuatro oenegés durante los años 2019 y 2020.

Sin embargo, en las rendiciones de cuentas aparecen facturas presuntamente clonadas por más de G. 828 millones, facturas por más de G. 14.200 millones en concepto de servicios que no se prestaron y más de G. 3.300 millones ni siquiera tienen respaldo documental.

Se sospecha que Hugo Javier, junto a los demás imputados como exfuncionarios de la Gobernación, miembros de las oenegés y falsos proveedores, habrían creado un esquema delictivo con el solo fin de desviar los recursos de la institución.

Ledesma sostiene que todos los procesados estaban en pleno conocimiento de las maniobras e irregularidades cometidas violentando normativas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Las ONG implicadas son el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) que recibió más G. 7.200 millones, Asociación Plantemos Consciencia que recibió más de G. 4.300 millones, el Consejo Regional de Salud que recibió más G. 11.200 millones, el Centro Nacional de Organizaciones Populares que recibió más de G. 900 millones y la Asociación Ecodesarrollo que se embolsó más de G. 600 millones.

Entre los descabellados proyectos presentados, aparecen un plan para combatir los efectos ocasionados por las inundaciones como consecuencia de las lluvias, aprovechamiento de la biomasa y residuos orgánicos, preparación y recuperación de suelos, fortalecimiento para producción de hierbas medicinales, entre otros.

No olvidemos que Hugo Javier ya fue imputado en noviembre pasado junto a otras 14 personas por hechos muy similares, relacionados también a un daño patrimonial de US$ 1 millón del fondo covid. Actualmente, el mismo tiene arresto domiciliario y en esta nueva causa también se solicita su arresto.

Ni olvido, ni perdón para todos estos delincuentes que se embolsaron el dinero público que debió ser invertido en educación, salud, seguridad, fuente de trabajo y mucho más.

Esperamos que los fiscales de ambas causas, además de exigir la devolución del dinero robado, también pidan la pena máxima para los imputados y que ningún caso queden impune.

gladys.villalba@abc.com.py

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