Por un lado, el mandatario, suponemos, intentará llevar adelante una administración que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
Por el otro, el expresidente Horacio Cartes, ahora presidente del Partido Colorado, se ocupará de tomar venganza contra quienes considera enemigos políticos, especialmente Mario Abdo Benítez, próximo a dejar el poder, y varios de los funcionarios de su administración.
El problema para que Peña pueda llevar adelante sus proyectos es que no da la impresión de que tendrá las manos libres. Eso al menos se infiere de algunos nombramientos que hizo en su gabinete.
A los pocos días de haberse concretado el triunfo electoral de Peña, se hizo pública por redes sociales una lista de ministros y funcionarios de cargos jerárquicos que iban a ser nombrados por el nuevo mandatario, que posteriormente se fue y se sigue cumpliendo puntillosamente.
Según fuentes coloradas, esa lista de nombres no fue confeccionada por Peña sino por un “equipo” del cartismo, con el visto bueno final de Cartes.
Entre los nombramientos llamó la atención que el primero haya sido el del senador colorado Enrique Riera para ministro del Interior. El anuncio pareció una jugada tendiente a “curar de espanto” de entrada.
Riera, cuya función principal será cuidar la seguridad interna de la población, carga con la responsabilidad política por la muerte de unas 400 personas en el incendio del Supermercado Ycuá Bolaños el 1 de agosto de 2004, cuando era intendente de Asunción. Así se lo recalcaron las víctimas y familiares el pasado martes, durante la recordación de esa tragedia.
Si no fuera suficiente ese hecho para descalificarlo, el mismo ha demostrado no tener el equilibrio emocional ni la templanza necesaria para el cargo.
Siendo ministro de Educación, en un acto público en 2017, ofreció a un grupo de fanáticos que se manifestaban contra una supuesta “ideología de género” a quemar libros que contuvieran referencias a ese tema.
En julio de 2019, en plena sesión del Senado, arremetió a golpes y empujones contra su colega Paraguayo Cubas, que lo acusaba, entre otras cosas, de haber recibido dinero por votar contra el juicio político a Raúl Cubas Grau, en 1999.
Otro nombramiento muy llamativo es el de Justo Zacarías Irún como director general paraguayo de Itaipú. El exdiputado y exgobernador de Alto Paraná integra un clan muy cuestionado y acusado de hechos de corrupción. Según las versiones, el nombramiento apunta sobre todo a utilizar el poder de ese cargo para erosionar la figura del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, enemigo número uno del clan Zacarías, a quien el cartismo ve como un futuro rival político a nivel nacional.
Mientras Peña intentará gobernar, Cartes buscará revertir la acusación de “significativamente corrupto” que le endilgó el Gobierno de los Estados Unidos y tomar venganza contra quienes considera que “engañaron a EE.UU.” para perjudicarlo.
En ese afán, puede provocar conflictos internos y externos.
Es difícil decir si Peña tendrá la “espalda política” para cargar con ese escenario.