El daño económico sería de unos 150 millones de dólares que incluye derroche de combustibles, desembolsos no justificados, préstamos, la desaparición de casi 10 mil equipos médicos, y un montón de otras irregularidades. Junto con Bataglia y los miembros del Consejo de Administración anterior, es también responsable Mario Abdo Benítez. La Fiscalía General del Estado tiene otra ocasión para cumplir con las funciones que la sociedad le ha encomendado y solicitar la cárcel, de probarse los hechos, para todos los involucrados.
También la justicia deberá exigir la devolución de lo robado. Robo tanto más grave porque se trata del dinero de los aportantes, miles de los cuales vivían y viven y mueren en la desesperación por falta de medicamentos. Entre las víctimas de la corrupción tenemos que incluir a los médicos y enfermeras que se esfuerzan en atender regularmente bien en un caos administrativo.
El Instituto de Previsión Social se creó en 1943 bajo el gobierno del general Higinio Morínigo. En 1950, por decreto-ley, en su artículo cuarto, lo declara un “organismo autónomo y autárquico, con personería jurídica y patrimonio propio, que se rige por las leyes vigentes y los reglamentos que dicta la propia institución. El IPS está a cargo de un Consejo de Administración, supervisado por el Estado”.
El Consejo de Administración lo componen representantes del ministerio de Salud, del ministerio de Trabajo, de los empleadores, aportantes, jubilados y pensionados. En apariencia –solo en apariencia- con esta composición se busca que cada sector atienda los intereses de sus representados que, en conjunto, son los intereses de una gran parte de la ciudadanía que con su trabajo contribuye a mantener una institución que cuide su bienestar presente y futuro. Pero he aquí que el bienestar es para la cúpula del IPS. Una cúpula insaciable, tal como nos presenta la Contraloría General de la República.
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El expresidente, Abdo Benítez, es tan culpable como las anteriores autoridades al desoír miles de veces el clamor de los asegurados que, casi diariamente, hacían escuchar sus quejas por los medios de comunicación. Las denuncias, ampliamente documentadas, nunca fueron atendidas por el presidente de la República no obstante su gravedad que implicaba al titular del Consejo y a todos los consejeros.
Tampoco los empresarios, los jubilados, los obreros, cuestionaban a quienes los representaban. Pudiendo sacarlos, los dejaban con las manos libres para delinquir sin consecuencias. Fue también una complicidad criminal.
El conocimiento sobre los hechos en el IPS no arranca con la publicación de las investigaciones de la Contraloría. Viene de mucho antes de la mano de los medios de comunicación, de las quejas de los asegurados, de los sindicatos de funcionarios. Y ni una sola de esas manifestaciones interesó al expresidente de la República que dejó, por alguna razón, que siguieran los saqueos. Ni siquiera intervino cuando el titular del Consejo, doctor Bataglia, se oponía tenazmente a que la Contraloría cumpliera con su obligación constitucional de revisar los papeles. Recién con una orden judicial la Contraloría accedió a los documentos. Es un decir, porque no hay documentos que respalden lo que parecería ser un robo descomunal.
¿No llamó la atención a Mario Abdo la negativa de Bataglia de abrir las puertas a la Contraloría General de la República? ¿No sospechaba que detrás de esa negativa pudieran esconderse actos ilícitos? Su larga desidia –desidia, en el mejor de los casos- hizo que se agrandaran los problemas que hoy padece la previsional.
Nos queda esperar que todos los responsables vayan presos y que se recupere por lo menos algo de lo robado.