Extrañamente, Peña nunca habló de esta propuesta en su campaña electoral. Quizás le hubiera atraído más simpatías que la campaña de miedo que instalaron en su momento contra el acuerdo de la Unión Europea, el cual, paradójicamente, estaba justamente dirigido a la educación, incluyendo la alimentación escolar. El objetivo declarado era dejar sin efecto dicho acuerdo apenas asumieran, cosa que, como se sabe, no ocurrió, con lo cual quedó expuesta la farsa montada.
La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, además de centralizar el manejo de los fondos para la alimentación escolar en un consejo que será manejado básicamente por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, elimina de paso el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) al que Peña calificó de “fracaso”.
Peña no lo dijo directamente, pero dio a entender que la propuesta de centralizar el manejo de estos fondos se debe a que, en manos de muchos intendentes y gobernadores, fue una fuente de corrupción así como de visibilización de la inutilidad de algunos jefes municipales para administrar grandes cantidades de dinero.
Otra cuestión muy visible es que este proyecto, de aprobarse, significará en la práctica la creación de un superministerio de Desarrollo Social que manejará un presupuesto de, aproximadamente, US$ 386 millones anuales sumando los recursos provenientes del Fonacide más los royalties, que hasta ahora van a las gobernaciones y municipios.
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Al frente de ese superministerio estará el exdiputado Tadeo Rojas, alguien del “riñón” del cartismo, tesorero de la ANR, que ocupó el cargo de ministro del Interior en el gobierno de Horacio Cartes y fue echado como fusible tras la criminal acción de los policías que irrumpieron en la sede del PLRA y asesinaron al joven Rodrigo Quintana.
Sobre ese episodio, hay que decir que Rojas no era quien manejaba el operativo de “seguridad” aquella noche, sino que estaba a cargo de otros operadores cartistas, que dieron la orden de ingresar a balazos al PLRA. Después, Rojas fue designado candidato a gobernador de Central (perdió en la interna), aunque el candidato inicial de Honor Colorado era el actual senador Erico Galeano, que no pudo asumir la candidatura al ser procesado por narcotráfico y asociación criminal.
Si Peña saca la administración de los fondos a gobernadores e intendentes por los hechos de corrupción, ¿cuál es la seguridad de que eso no seguirá ocurriendo, solamente que en manos de nuevos administradores?
Esta especulación se refuerza por el hecho de que el control (más allá del que hará después, sobre hechos consumados, la Contraloría General de la República) estará a cargo de un Consejo que integran solo ministros y funcionarios cartistas.
Si, como él mismo dijo, este es el proyecto más importante que tiene Peña para el país, significa que se está jugando el pellejo por él, con todo lo que eso significa.
No se sabe aún si sufrirá modificaciones en el Congreso ni tampoco si será aprobado siquiera. Es una apuesta de alto riesgo en manos de algunas personas por las que, difícilmente, se pueda poner las manos en el fuego.