El supuesto fiscal, que en algunas ocasiones se hacía pasar también como funcionario del Instituto Forestal Nacional (Infona), decía ser un tal Carlos Melgarejo. Solicitaba a los productores cierta suma de dinero, para costear los gastos de traslado y estadía de la comisión judicial, que supuestamente debía partir desde la capital del país para investigar las causas de los incendios forestales.
Tras las investigaciones con las instituciones públicas pertinentes del caso, se pudo corroborar que efectivamente se trataba de un estafador. Sin embargo, lo grave de esta situación se da en el caso de filtración de datos. Sucede que esta persona logró acceder a las notificaciones que la fiscalía debía enviar a los ganaderos afectados, para prestar declaración en el Ministerio Público.
El estafador logró conseguir el Nº telefónico de los verdaderos dueños de estas estancias, y una vez comunicado con los mismos, les remitía vía WhatsApp los documentos fiscales. La mayoría de estos productores fueron embaucados en su buena fe, al transferir sumas de dinero para el efecto solicitado.
Dos días después de haberse realizado estas transferencias monetarias, recibían de nuevo estas notificaciones fiscales ya por medio de las comisarías policiales cercanas a sus propiedades, por lo que no sabían lo que en verdad estaba ocurriendo. Y descubrieron que se trataba de una estafa una vez dialogado con el verdadero fiscal de la causa.
La pregunta entonces es: ¿Cómo pudo conseguir esas notificaciones este estafador?
La respuesta es que la filtración se pudo dar en cualquiera de las instituciones donde llegaron los documentos, antes de que sean notificados los afectados, como la misma fiscalía, el Infona o la sede policial.
Queda demostrada la tremenda vulnerabilidad que existe en las instituciones públicas, pero, por sobre todo, el peligro al cual se le somete al ciudadano; en este caso, los productores, que además de soportar millonarias pérdidas, son víctimas de estafadores.