Cuando un fiscal es llamativamente “inoperante”, cuando de investigar a exponentes de este tipo de delitos se trata, o algún juez opera con diligencia y prontitud para beneficiar con medidas procesales incluso a quienes tienen condenas firmes.
Ese ciudadano que con sus impuestos solventa los aparatos de Estado destinados a combatir ilícitos y brindar seguridad a la sociedad no termina de entender cuando la policía, los organismos especializados en la represión de estos lícitos hacen grandes esfuerzos para sacar de circulación a estos delincuentes, pero como en una puerta giratoria entran y salen para continuar con sus fechorías mediante la perniciosa práctica de la “justicia selectiva”. Un vicio que corroe desde adentro al Poder Judicial.
Para muestra basta un botón, dice un viejo adagio. A mediados de este año la policía detuvo a dos sujetos que deben cumplir una condena de 14 años de prisión en la cárcel regional por un caso de narcotráfico. Uno de ellos, un exconcejal colorado de Tomás Romero Pereira, Óscar Sanabria. El otro, un expolicía, Jorge Franco. Ambos detenidos con cinco toneladas de marihuana en el 2022, en María Auxiliadora. Gozaban de “salida transitoria”. Con ellos se encontraron 31 chips de celulares. No hace falta recordar que desde las cárceles operan poderosas bandas dedicadas a extorsiones.
Otro botón es el caso Erwin Solalinde, condenado a 24 años por narcotráfico (detenido con 19 toneladas de marihuana en Villeta, en el 2016), quien fue beneficiado con “prisión domiciliaria”. En este tema intervino la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suspendió sin goce de sueldo a la jueza de Ejecución número 2, de Encarnación, Laura Benítez Núñez, y a una jueza del departamento de Central, Nunila González Franco. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sin embargo, mediante vericuetos procesales, archivó el caso.
En un sistema republicano, el Poder Judicial juega un papel fundamental en la tarea nunca acabada de construir una democracia. Tiene un indelegable papel de construir confianza en la ciudadanía. Es la instancia de poder que debe velar por la correcta justicia. Poner límites a los abusos de los otros poderes. Velar porque la justicia no sea un simple enunciado. Es sabido que donde no hay justicia no existen paz social, ni seguridad, y no puede sobrevivir la democracia.
Muchos -demasiados- de nuestros jueces y fiscales no están a la altura del papel que les toca cumplir en la sociedad. Y cuando esta instancia de poder está corrompida, sucede lo que dice el tango Cambalache: “..es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley”.