En la votación, muchos pecadores sentenciaron a Arévalo con la aceptación de su renuncia, presentada sin ganas, con piolita, a la espera de que el patrón le salve. No le salvó. Demasiadas evidencias dejó Don Lalo Gómez en su celular. Cuando salieron a luz, la opinión pública se hizo sentir con fuerza. De todos modos, el castigo fue leve. Cabía que se rechazara la renuncia y se le expulsara del Parlamento.
Los diputados le habían elegido a Arévalo para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que pronto llegó a presidir. No era de extrañar, también encabezó el Jurado Hernán Rivas, el único “abogado” que no tuvo profesor ni compañero de estudio. Pero es cartista. También llegó a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento Alicia Pucheta. Previamente, atropelló la Constitución Nacional. Faltaban aún dos años para que se produjera la vacancia pero el cartismo estaba apurado por llenar con los suyos tan importante institución. Había muchas cosas pendientes que arreglar, ocultar, manipular.
Los intereses partidarios y económicos -que finalmente coinciden en la corrupción mas escandalosa- se han instalado en el Poder Judicial desde donde se reparten premios y castigos con la más impune arbitrariedad.
En estos días se publicó una interesante sugerencia: Desmantelar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o darle un rumbo distinto, por ejemplo, prescindir de los políticos en su composición. Para cualquiera de los casos, habría que modificar la Constitución.
Los convencionales constituyentes, al incluir a dos senadores y dos diputados en el Jurado de enjuiciamiento, tuvieron en cuenta la composición de ambas Cámaras en 1992. Eran políticos respetados por su capacidad intelectual y moral. Era inimaginable que se llegaría a tanta descomposición como la que hoy desluce al Parlamento, colmado de personajes oscuros.
Conforme con el artículo 253 de la Constitución, el Jurado de Enjuiciamiento está integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos senadores y diputados; estos cuatro últimos deberán ser abogados.
Ante el imparable descrédito del Jurado, ahora el titular del Congreso, Bachi Núñez, sale a sugerir que los representantes parlamentarios no sean necesariamente abogados. De concretarse por ley esta idea, sería inconstitucional, como acabamos de ver. Llama la atención la propuesta del señor Núñez. ¿Ya no hay abogados cartistas?
En definitiva, no se trata de llenar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de abogados capaces. Si carecen de ética, el resultado sería exactamente como ahora. De nada sirve que un abogado ostente un sólido conocimiento de la Constitución y las leyes si vive sometido a los políticos y al dinero; si no puede tomar decisiones por sí mismo; si sus actos solo se mueven a control remoto. No hay fórmulas que vayan a mejorar la justicia si sus componentes se dan a la corrupción sin consecuencias legales ni políticas.
En su afán de tomar todos los espacios de poder, el cartismo los llena con cualquiera de los suyos sin más exigencias que la lealdad al patrón: lealdad que incluye la degradación moral como Hernán Rivas que dijo: “Yo le adoro a Cartes”, o esa exparlamentaria que “mueve la colita cuando le ve a Cartes”. Estas y otras perversiones hacen retroceder cada día a nuestro país.