La lucha por controlar las llamaradas de fuego fue realmente titánica. Durante semanas, bomberos voluntarios, personal de la Secretaría de Emergencia Nacional, militares y peones de estancias arriesgaron sus vidas para controlar a la bestia roja. A pesar del tremendo esfuerzo de estas personas, se quemó esa gran extensión; sin embargo, su trabajo evitó una mayor destrucción.

El Estado paraguayo y los productores de la zona destinaron millonarias sumas para costear esta operación nacional en busca de salvar las reservas naturales del departamento. Aun así, lamentablemente, se tuvo que anunciar la mortandad de animales silvestres y vacunos de las estancias.

El daño a la naturaleza fue tremendo, atendiendo la rica biodiversidad natural de las últimas reservas existentes en nuestro país, y que se encuentran en el Alto Paraguay. El obispo del Chaco, monseñor Gabriel Escobar, denunciaba el hecho como un verdadero ecocidio y pedía sanciones para los responsables de iniciar el fuego.

El Ministerio Público abrió una carpeta penal tras la presentación de la denuncia realizada por el Infona, con el objetivo de castigar a los responsables de este crimen contra la naturaleza. Luego de esto, la Fiscalía de Fuerte Olimpo procedió a detectar a dos ganaderos dueños de las tierras donde se habría iniciado el fuego, basándose en datos proveídos por el Instituto Forestal Nacional mediante imágenes satelitales.

Como resultado de la investigación, se procedió a imputar a uno de estos productores. Luego, el juez de Bahía Negra, Manuel Lezcano, solicitó el sobreseimiento definitivo del imputado, medida que fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones, a cargo de los jueces Mirian Giménez, Elvio Ovelar y María Gloria Torrez.

Los magistrados alegaron una deficiente investigación del Ministerio Público, y hasta tal vez tengan razón, pero lo que no pueden ocultar es que se destruyeron 200.000 hectáreas de bosques y campos, y esto no fue por casualidad. Por lo tanto, correspondería denunciar a estos fiscales si actuaron mal, pero nunca buscar blanquear al supuesto culpable y así dejar impune este crimen ecológico.

El obispo Escobar habló, incluso, de supuestas dádivas para estos magistrados. No lo sabemos, pero el actuar de los mismos deja mucho que desear, al punto de describirse como una justicia corrupta.

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