Prostitución y corrupción

La Fiscalía y el Poder Judicial atraviesan una de las etapas más oscuras de su historia, hundidos en un descrédito que no nació de la nada, sino del comportamiento indecente de quienes convirtieron la justicia en mercancía.

Hoy, para demasiados fiscales y jueces, el expediente importa menos que el sobre, y el dolor de las víctimas vale lo que estén dispuestos a pagar los poderosos de turno.

En Coronel Oviedo, un hecho reciente terminó de desnudar esta podredumbre: un procesado por frustración a la investigación del asesinato de María Fernanda Benítez grabó a la fiscala Gloria Rojas supuestamente solicitando G. 36 millones para favorecerlo en la causa.

La denuncia fue presentada; la fiscala ya fue imputada por cohecho pasivo agravado, apartada del cargo y desaforada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. No es un rumor: es un proceso judicial abierto que golpea de lleno a una institución que debería ser ejemplo de rectitud.

Como si esto fuera poco, otra denuncia sacudió y empeoró la credibilidad de los fiscales de esta ciudad: el padre de una de las víctimas del vuelco del ómnibus de la empresa Guaireña —accidente que dejó dos muertos— afirmó que la fiscala interviniente, Lourdes Soto, habría recibido en su despacho a un alto funcionario de la empresa, quien supuestamente le entregó un sobre con una importante suma de dinero para beneficiar al chofer sospechado de negligencia y diluir la responsabilidad empresarial.

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Es una denuncia grave, que exige investigación inmediata, transparente y sin privilegios.

Estos episodios no son hechos aislados; son síntomas de una corrupción estructural que carcome las entrañas del sistema judicial.

La consecuencia es devastadora: nadie cree, nadie confía, nadie espera justicia. Los más vulnerables terminan pagando los platos rotos, mientras el poder del dinero sigue blindando, aún frente a pruebas, grabaciones y testimonios que se conocen a viva voz en todo el país.

La prostitución de la justicia no es una metáfora exagerada: es la descripción de un sistema que se vende al mejor postor y traiciona su razón de ser.

Si no hay castigo ejemplar, si no hay depuración real, la impunidad seguirá mandando y la Fiscalía continuará perdiendo lo único que no puede comprar: credibilidad.

victor.barrera@abc.com.py