Que el ministro Carlos Fernández Valdovinos lo hiciera esta semana, apenas días después de presidir ante 48 países la Asamblea del BID en Asunción, presentando a Paraguay como modelo regional de solidez macroeconómica y grado de inversión, no es una ironía menor: es una contradicción institucional que merece ser nombrada con claridad. El mismo gobierno que salió a mostrarle al mundo un país fuerte, reconoce puertas adentro que el fisco está en aprietos, que la recaudación creció a la mitad de lo proyectado, y que las deudas con proveedores superan los mil millones de dólares. Algo no cierra, y los paraguayos tienen derecho a saber qué.
La respuesta no es difícil de encontrar. En los últimos años, el Estado paraguayo creció en tamaño sin crecer en eficiencia. Se incorporaron cinco mil nuevos policías, se expandieron nóminas en secretarías de dudosa utilidad, se multiplicaron cargos de confianza política como moneda de gobernabilidad, y se ejecutaron gastos corrientes que ningún ciclo electoral quiso frenar. El resultado es predecible: alrededor del 80% del presupuesto de gastos se consume en salarios y transferencias, dejando al Estado prácticamente sin margen para pagar lo que debe, invertir en lo que promete, o absorber cualquier desaceleración de ingresos. No es mala suerte. Es la consecuencia lógica de una gestión que confundió expansión del gasto con desarrollo.
El ministro Fernández Valdovinos, anunció que el ajuste protegerá la salud, la educación y la seguridad. Ojalá fuera tan sencillo. Cuando el Estado le debe más de US$ 700 millones al sector farmacéutico, los hospitales públicos ya están desabastecidos en los hechos, aunque ningún decreto lo diga formalmente. Cuando se congelan pagos a constructoras, las escuelas que no se terminaron de construir siguen sin techo aunque el presupuesto las tenga en papel. Decirle a la ciudadanía que las áreas sensibles están protegidas mientras se les adeuda meses de facturas a sus proveedores es, en el mejor de los casos, una promesa incompleta.
Antes de pedirle sacrificios al sector privado y a la ciudadanía, el Gobierno tiene la obligación moral y política de dar el ejemplo. Una “economía de guerra” seria empieza por casa: fusión de ministerios que duplican funciones, Niñez, Mujer y Juventud podrían perfectamente ser una sola cartera, eliminación de secretarías creadas para satisfacer cuotas políticas, reducción drástica de cargos de confianza, y auditoría pública del gasto discrecional. Si el Ejecutivo llega ante la ciudadanía con ese programa bajo el brazo, puede exigir disciplina con autoridad moral. Si llega con la misma estructura inflada de siempre, el ajuste no será austeridad: será simplemente trasladar el costo de la desidia política a quienes menos la provocaron.
Santiago Peña ganó la presidencia prometiendo profundizar un modelo de estabilidad y crecimiento que, se decía, ya había dado sus frutos. A dos años y medio de gestión, el diagnóstico oficial habla de guerra. Las promesas electorales no son contratos jurídicamente exigibles, es cierto, pero sí son compromisos políticos ante una ciudadanía que votó con expectativas concretas. La pregunta que queda en el aire no es técnica sino ética: ¿se gobernó con la misma responsabilidad que se predicó en campaña? La respuesta la tiene el fisco. Y hoy, lamentablemente, el fisco habla por sí solo.
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