Según el reporte de la prensa especializada la causa fue defendida por Ghana, que esperaba abrir camino hacia la sanación y posibles reparaciones con esta resolución que fue adoptada entre aplausos con 123 votos a favor, tres en contra (Estados Unidos, Israel, Argentina) y 52 abstenciones. Entre estos últimos está el voto de Paraguay junto a otras naciones representadas como Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea.
El texto declaró “la trata de africanos esclavizados y la esclavización cosificada y racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad”.
“Fue un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades”, expresó el portugués António Guterres, secretario general de la ONU. Agregó que se debe “trabajar por la verdad, la justicia y la reparación”.
Estados Unidos justificó su voto en contra, al calificar la resolución como “altamente problemática”.
El embajador estadounidense, Dan Negrea, explicó que su país “no reconoce el derecho legal a reparaciones por daños históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en la época en que ocurrieron”. Dijo que el texto pone crímenes “en competición”.
Con la posición expresada del diplomático de la administración Donald Trump se puede deducir por qué el representante paraguayo en las Naciones Unidas, que está a cargo del embajador Marcelo Scappini Ricciardi, votó por la abstención.
La política exterior del gobierno de Santiago Peña es abiertamente pro Trump y esta relación “carnal” es evidente en las votaciones en organismo multilaterales como precisamente la ONU. Esta posición se manifiesta desde que el mandatario norteamericano asumió su segundo mandato -no consecutivo- en la Casa Blanca en enero de 2025.
Por ejemplo, en octubre del 2025, luego de 31 años, Paraguay votó a favor del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. Fue, precisamente en Naciones Unidas, cuándo el gobierno de Santiago Peña se unió al país del norte, Israel, Argentina y otros cuatro países, contra la resolución (aprobada por 165 votos a favor) sin efecto vinculante contra las sanciones de Washington contra La Habana.
Así se observa que desde Washington se dictan las políticas que los aliados ocasionales a Trump cumplen a raja tabla. Es el ejemplo del gobierno paraguayo y argentino de Javier Milei, por citar.
La relación estrecha con el país del norte con administración cartista se refleja con varios acuerdos que van desde cooperación en Defensa, seguridad, comercio y migración.
Por mencionar, las invitaciones de Trump a Peña para firmar un acuerdo de Paz en Gaza suscrito en Egipto o a la Cumbre de Escudo de las Américas en Miami donde el presidente paraguayo firmó la creación de la “Coalición Anticarteles de las Américas”, junto con una docena de líderes de derecha, afines al presidente norteamericano.
Obviamente también resalta el acuerdo SOFA (Status of Forces Agreement o Estatuto delas Fuerzas), recientemente promulgado en Ley de la Nación. Este entendimiento concede a los militares y contratistas estadounidenses una inmunidad y exenciones similares a las que establece la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas entre los Estados.
Otro documento, por demás polémico, es el que firmó Paraguay con Washington. Se trata del acuerdo migratorio que permitiría enviar a rechazados por EE.UU. Con este instrumento los rechazados “pueden ser reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay”, pero no aclara si se tratarían de deportados.
Son solo ejemplos de la política exterior pro EE.UU. del cual son responsables el presidente Santiago Peña y el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano. Solo el tiempo dirá si estas decisiones, en nombre de Paraguay, fueron para limpiar el nombre del líder de turno, quien enfrentó algunos problemas en el país del norte.
martin.riveros@abc.com.py