Esta es una relación parasitaria ininterrumpida que ningún sector político ha sabido romper. Hasta la fecha, las binacionales se erigen como el principal pilar para la ejecución de políticas formales y “clandestinas” del Estado paraguayo. Estamos hablando de una caja negra que maneja en promedio más de 1.000 millones de dólares anuales tan solo en la margen derecha bajo el eufemismo de “gastos socioambientales”; una fortuna que fluye al margen del control del Congreso, operando como una billetera paralela.
Bajo la administración de Santiago Peña, esta opacidad institucionalizada ha tomado formas muy concretas. El esquema de discrecionalidad sirve hoy de paraguas para escándalos que minan nuestra institucionalidad: desde las adjudicaciones millonarias y fuertemente cuestionadas para la compra de pupitres chinos, pasando por los llamativos negociados en la provisión de patrulleras, hasta las denuncias de adquisiciones oscuras de tecnología de espionaje y el despliegue de propaganda sospechada de ejecutar campañas sucias contra la disidencia. Todo ocurre bajo la sombra de un sistema que se niega a rendir cuentas.
Pero esta dinámica interna nos lleva a una pregunta ineludible: ¿acaso Brasil no ve todo lo que se aprueba del otro lado del puente? ¿Por qué no revela los detalles de la ejecución de esos millonarios fondos?
La respuesta radica en un doble juego de poder. A nivel interno, el objetivo es someter el escenario político paraguayo a una sola facción financiada con recursos que deberían ser de todos. En términos geopolíticos, significa alinear a la dirigencia de la ANR y otros actores a la supremacía de Itamaraty. Una élite política dependiente de fondos oscuros y acorralada por escándalos es una dirigencia vulnerable. A la diplomacia brasileña le resulta sumamente conveniente sentarse a negociar con autoridades paraguayas manchadas por el manejo de esta caja negra; esa misma dependencia económica les resta la fuerza moral y política necesaria para exigir condiciones justas para el país.
Por esto, no sorprende el silencio de la Cancillería, sino que más bien evidencia cómo más de 60 años casi ininterrumpidos de gobiernos colorados consolidaron el efecto de “la ruta hacia el Este”, el cobijo al jubilado dictador en Brasil y el alineamiento político heredado de la posguerra de la Triple Alianza, dejándonos a merced de dinámicas que atentan contra la bestial lucha histórica por la independencia paraguaya.
En un contexto electoral donde resuenan los recientes dichos de Lula sobre nuestra soberanía y surgen nuevas denuncias de malversaciones, es urgente poner el foco en la verdadera relación de poder.
Si la relación con Brasil realmente plantea un debate sobre la soberanía, y si queremos hablar en serio de democracia, debemos empezar por exigir transparencia para dejar de ser funcionales al subimperialismo brasileño.
Transparentar Itaipú (y Yacyretá, en su respectivo frente) e integrar la ejecución de los más de 1.000 millones de dólares de sus presupuestos operativos y sociales al Presupuesto General de la Nación (PGN) es el paso definitivo para consolidar nuestra soberanía. Caso contrario, seguiremos siendo una nación sometida a la corrupción institucionalizada.