Los recientes debates abiertos en el pleno de la Corte sobre la estructura jerárquica interna y la competencia del fuero civil para cuantificar indemnizaciones ponen luz sobre un principio indispensable: una justicia que se expone y se explica es, por definición, una justicia más democrática y fortalecida.
El debate en cuestión y su publicidad no es menor. Dotar de publicidad a las discusiones sobre las jerarquías intersalas reviste un valor ético, además de desentrañar mediante una interpretación sistemática por qué el fuero civil es el más apto para evaluar integralmente el daño moral y material.
Abrir las puertas de la deliberación demuestra que las grandes decisiones constitucionales se asientan en un análisis plural profundo. Una justicia transparente y previsible, que no teme mostrar cómo piensa y por qué decide, es el reflejo más fiel de una institución comprometida con el escrutinio público.
Cuando estas discusiones técnicas de alto impacto institucional se transmiten y publicitan, la ciudadanía deja de ser una espectadora pasiva de fallos cerrados para convertirse en testigo de una deliberación jurídica seria y de alto nivel. Lejos de lo que las posturas más conservadoras sugieren, la publicidad de la deliberación no erosiona la independencia de los jueces ni debilita al tribunal; la robustece. Exponer los argumentos ante el escrutinio de la comunidad jurídica y civil obliga a los ministros a elevar la calidad técnica de sus votos.
La discrepancia razonada y el contraste de visiones, que siempre las hay, no deben leerse como un síntoma de fractura interna, sino como la expresión viva del pluralismo jurídico. En un Estado de derecho, es natural y saludable que la norma constitucional admita diversas lecturas posibles antes de consolidar un criterio uniforme. Esto está aconteciendo en la Corte y es saludable.
La transparencia del debate entre ministros proyecta sus beneficios en múltiples dimensiones del sistema republicano. Es que una Corte que detalla públicamente el camino lógico y normativo que la conduce a una conclusión ofrece una guía clara a los tribunales inferiores, a los abogados litigantes y a los demás poderes del Estado.
Cuando la Corte publicita y hace partícipe al ciudadano de debates de tanta envergadura, transforma la transparencia en un ejercicio democrático real. Esto permite a la sociedad constatar que la justicia no opera a través de imposiciones arbitrarias o impulsos aislados, sino mediante una deliberación abierta y una ponderación rigurosa de la ley y los precedentes.
Al abrir las ventanas de su pleno, la Corte demuestra que el disenso es su mayor fortaleza y que el escrutinio público es el mejor garante de su independencia. Una justicia que debate a la luz del día no solo resuelve causas; construye ciudadanía y consolida, de una vez por todas, el Estado de derecho.
Finalmente, la transparencia no es una exigencia exclusiva para quienes administran la cosa pública. También lo es para la judicatura. Solo una judicatura dispuesta a ser vista y evaluada puede reclamar la confianza del ciudadano común.
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