López Lohman estaba de turno, tomó la denuncia, y con base en los elementos expuestos, decidió imputar a los funcionarios por producción de documentos públicos de contenido falso.
Uno de los imputados fue Vicente Ferreira Rodríguez, funcionario judicial muy allegado al abogado Jorge Bogarín Alfonso, entonces miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Ferreira Rodríguez presentó una denuncia contra el fiscal sampedrano ante el jurado, pidiendo la destitución del representante del Ministerio Público.
El 9 de noviembre de 2021, y con el propio Bogarín como vicepresidente del Jurado y preopinante, el fiscal López Lohman fue directamente removido del cargo, por haber imputado primero a los funcionarios y luego inhibirse por un conflicto de intereses en el caso.
El voto decisivo para la destitución del fiscal López Lohman fue el del entonces diputado Hernán David Rivas Román. Con el voto de Rivas los integrantes del jurado consiguieron los cinco votos que precisaban para hacer caer la guillotina sobre el fiscal, sin considerar siquiera la posibilidad de un apercibimiento teniendo en cuenta la trayectoria del agente.
El fiscal López Lohman falleció luego de unos meses, en mayo de 2022, tras afrontar una grave enfermedad y haber decaído en el ánimo según sus hijas, por una destitución que consideraba injusta, y que además lo había privado de la cobertura del seguro médico con el que contaba como funcionario.
Meses más adelante, Jorge Bogarín Alfonso y Vicente Ferreira fueron designados como significativamente corruptos por el gobierno de Estados Unidos, por interferir en los procesos judiciales para su propio beneficio personal.
Según la declaración del 23 de marzo de 2023, Bogarín y Ferreira habían socavado la independencia e imparcialidad del Poder Judicial de Paraguay y de otras instituciones públicas.
La familia de López Lohman pidió entonces revisar la sentencia de su destitución para limpiar su memoria y al menos honrar así de forma póstuma al ya fallecido agente del Ministerio Público.
Pero el Jurado rechazó el pedido, también con el voto de Hernán Rivas junto al de quienes se opusieron al trámite.
Lo había adelantado el entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Bacchetta, en la nota que le dirigió al presidente de la Cámara de Diputados Pedro Alliana, hace más de seis años, el 4 de setiembre de 2020.
En la nota formal dirigida desde la Presidencia del Jurado a la de Diputados, Bacchetta le pedía a Alliana designar a otra persona como representante de la cámara ante el jurado, por la sospecha razonable sobre la ilegalidad del título de abogado de Hernán Rivas.
Bacchetta reconocía que de comprobarse su título falso, no solo constituiría un acto que afecta gravemente la credibilidad institucional del Jurado, sino que también puede provocar nulidades respecto a las actuaciones procesales llevadas a cabo por Rivas como miembro del jurado.
El caso del fiscal López Lohman es uno de estos ejemplos, de la centena de jueces, fiscales y defensores públicos juzgados por un impostor como Rivas, quien llegó al jurado por los votos de quienes hoy fingen demencia, pero son responsables del enorme daño institucional que expone nuevamente al país, al escarnio internacional.
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