Siempre alegamos que se trata de una desidia estatal, y en verdad esto tiene mucha lógica, pues es el Gobierno central el que debe encarar el problema del aislamiento y ordenar la construcción de caminos asfaltados, que permitan evitar los encierros forzados.
Sin embargo, también es más que cierto que este abandono se debe, en gran medida, a la mala utilización del dinero público destinado a la Gobernación. Esto se evidencia en la forma de vida ostentosa que llevan algunas autoridades desde hace años, sean gobernadores o concejales departamentales, muchos de ellos incluso investigados e imputados por hechos de corrupción.
Inclusive, algunos de ellos fueron condenados por la Justicia y obligados a devolver parte del dinero público sustraído. Por supuesto, entre las autoridades departamentales también se encuentran los intendentes y concejales municipales. El reciente caso del exintendente de Puerto Casado Hilario Adorno, condenado a tres años y ocho meses de prisión por un hecho de corrupción pública, es una prueba más que elocuente.
Las obras públicas sobrefacturadas figuran entre las prácticas denunciadas con mayor frecuencia contra las autoridades. A través de estos mecanismos, algunos funcionarios terminan apropiándose de parte del dinero público que debería servir para el desarrollo del departamento. Lógicamente, las obras terminan siendo precarias y apenas sirven durante unos años.
El dinero público, bien utilizado y destinado a sus fines específicos, fácilmente podría contribuir a solucionar varios de los problemas permanentes que aquejan a las familias de la región. Uno de ellos es el equipamiento del nuevo hospital regional de Fuerte Olimpo, que es un gran elefante blanco, sin ninguna utilidad para la población.
Las nuevas autoridades deben aprender de los errores cometidos por sus antecesores y entender que el dinero público debe utilizarse de manera honesta, siempre en beneficio de los pobladores. Es, al menos, lo que juraron hacer al momento de asumir sus cargos: servir al pueblo y no servirse de él.
El Alto Paraguay necesita una renovación de la mentalidad política. Las nuevas generaciones que actualmente ocupan los principales cargos públicos tienen la oportunidad de demostrar que es posible administrar los recursos del Estado con transparencia, sin repetir los viejos vicios de corrupción.
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