A Ultranza: bienes de empresas y procesados son declarados para eventual comiso

Un total de ocho inmuebles, situados en distintos puntos del país y que son pertenecientes a empresas de los procesados y a varios requeridos por la justicia, en el marco del operativo A Ultranza Py, fueron declarados como sujetos a eventual comiso por la jueza penal de garantías Rosarito Montanía.

La imponente construcción en la Estancia "23 de abril", ubicada en San Roque González de Santacruz, departamento de Paraguarí.
La imponente construcción en la Estancia "23 de abril", ubicada en San Roque González de Santacruz, departamento de Paraguarí.

La juez penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, a través de su AI N° 324, ordenó la imposición de la medida de prohibición de innovar y de contratar sobre ocho inmuebles, de los cuales algunos pertenecen a los procesados en el operativo A Ultranza como a sus empresas, y otras a personas que no están investigadas.

De la misma forma declaró a los ocho inmuebles como bienes sujetos a eventual comiso y para ello, dio intervención a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), para la administración de los mismos.

Esto como consecuencia del pedido realizado, por los fiscales Deny Yoon Pak, Isaac Ferreria y Fabiola Molas, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.

Bienes y vínculo con procesados

Uno de los inmuebles está ubicado en el distrito de Yrybucuá, deparatamento de San Pedro, y se encuentra registrado a nombre de Jorge Antonio Giménez Bogado, quien según la imputación fiscal N° 02 habría cumplido la función de operador de la organización criminal supuestamente liderada por Sebastián Enrique Marset Cabrera y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias tío rico.

Jorge Giménez también, añade la imputación, administraba una aeronave al servicio del grupo narco, identificada como Cessna 210 con matrícula ZP-BOP, que a su vez está inscripta a nombre de la firma “Barakah SA”, vinculada al clan conformado por Miguel Ángel, Yolaanda Ignacia y José Alberto Insfrán Galeano, todos estos prófugos.

También sobre un dúplex, que no tiene cuenta corriente catastral, registrado a nombre de Yolanda Insfrán Galeano, quien a su vez cumplió con la función de asegurar los disfrutes de índole económico que el clan familiar obtuvo a través de la actividad del tráfico de sustancias, siempre según la imputación.

Igualmente la Fiscalía solicitó las medidas para el inmueble ubicado en Arroyos y Esteros, registrado a nombre de la firma “Agroganadera e Industrial Sol Naciente SA”, que Yolanda constituyó con su hermano el pastor José Alberto Insfrán Galeano, el 16 de mayo de 2017, con un capital de G. 13.000 millones, pero que en realidad era de Miguel Ángel.

Otro inmueble en cuestión está ubicado en la ciudad de Altos, registrado a nombre del “Grupo Tapyracuai SA”, cuya propiedad es del procesado por lavado de dinero y asociación crimianl Alberto Koube Ayala, que se relacionó estrechamente con Marset entre los años 2020 y 2022.

Además, se señala la estancia “23 de abril”, con una majestuosa construcción, situada en la localidad de San Roque González, del departamento de Paraguarí, cinculada al clan familiar Insfrán Galeano. El establecimiento figura a nombre de la firma “Summun SA”.

Otros bienes

Otros bienes individualizados el condominio, Finca N° 717, registrado a nombre de María Selva Vargas de Genes, Mildred Rosalie Vargas de Pujol, Susana Beatriz Vargas de Berea, Stella Maris Vargas de Giudicci y Andrea Cristina Vargas Giménez.

Igualmente el inmubel inscripto a nombre de la “Empresa De Comercio y de Desarrollo Inmobiliario S.A”, y un establecimiento situado en Mariano Roque Alonso que está inscripto a nombre de Carolina Andrea Tutunyi Zalazar.

En la resolución de la jueza Rosarito Montanía se detalla que el 08 de marzo de 2022, se presentó ante la Fiscalía José Fernando Santiago Rojas Irigoyen, representado de la “Empresa de Comercio y de Desarrollo Inmobiliario S.A.”, ocasión en la que indicó que dicho inmueble fue vendido a Sebastián Pizarro Velázquez, titular de la firma “SPV de Negocios S.A”, quien a su vez la volvió a vender a Yolanda Insfrán, el 21 de marzo del 2021, por contrato privado, por de US$ 1.200.000.

Enlance copiado

Lo
más leído
del día

01
02
03
04
05

Comentarios

Las opiniones y puntos de vista expresados en los comentarios son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten y no deberán atribuirse a ABC, ya que no son de autoría ni responsabilidad de ABC ni de su Dirección ni de Editorial Azeta S.A.