El nuevo Gobierno busca implementar el uso de la tobillera electrónica para el control del cumplimiento de las restricciones por parte de aquellos procesados que son beneficiados con medidas cautelares a la reclusión.

El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, señaló que la intención del Gobierno es que el procesado abone por el uso de la tobillera electrónica, en caso de que la restricción en su contra le permita generar ingresos. Acotó que el Estado deberá subsidiar a aquellos que no puedan pagarlo.

Comentó, asimismo, que el Gobierno buscará alquilar las tobilleras y no adquirirlas. Señaló que ya recibieron varias propuestas por parte de empresas que pueden prestar el servicio.

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Precisó que el procesado abonaría un promedio de US$ 200 al mes. “Tenemos varios presupuestos de cinco empresas y el (precio) varía en un promedio de entre US$ 175 y US$ 270 por cada una al mes”, detalló.

Plan piloto con 200 unidades de tobilleras electrónicas

Barchini, igualmente, señaló que la intención del Gobierno es aplicar un plan piloto con el uso de 200 unidades de tobilleras.

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Acotó que esta misma semana podría salir el decreto presidencial sobre la reglamentación de la Ley Nº 5.863 que “establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control” -o de las tobilleras electrónicas-, la cual fue promulgada en septiembre del 2017.