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El Juzgado Penal de Garantía Especializado en Crimen Organizado del Tercer Turno, de feria, a cargo de la magistrada Abog. Rosarito Soledad Montanía de Bassani, por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 6 del 11 de enero de 2024 resolvió ratificar la prisión preventiva dictada por el juez Gustavo Amarilla por medio del AI N° 94 del 26 de abril de 2023, a través del cual había ordenado la medida cautelar para José Luis Gómez Amarilla.
La causa analizada está identificada como “José Luis Gómez Amarilla s/ trata de personas (Crimen Organizado Ley N° 6.379)”, Año 2023, N° 4.
Defensa alega que prisión es condena anticipada
El 10 de enero de 2024, la Abg. Raquel Talavera, defensora técnica del imputado José Luis Gómez Amarilla, solicitó en la audiencia de revisión de medidas de la prisión preventiva, la imposición de una disposición menos gravosa.
La abogada explicó en la audiencia que tras el operativo policial - militar denominado “Veneratio”, todos los privados de libertad se encuentran mezclados y sin un control interno dentro de la penitenciaría porque se encuentra en la periferia y las fuerzas del orden ingresan intempestivamente para las requisas.
La defensora alega que su representado debe ser protegido por el Estado, de conformidad al Art. 4 de la Constitución Nacional. Indica que deberían estar separados los prevenidos con prisión preventiva de los condenados, como manda el Art. 21 de la Constitución Nacional, lo que no se cumple.
La abogada Talavera también cuestiona que la prisión preventiva de su cliente se convierte en una condena anticipada porque hace 10 meses se encuentra privado de libertad, sin tener siquiera una acusación.
Agrega que Gómez Amarilla tiene arraigo, domicilio fijo, se ha ofrecido la garantía real de un inmueble tasado y con informe, la fianza personal de su tía la Sra. Leticia Cantero.
Solicita la defensa que el juzgado imponga medidas menos gravosas a la de la prisión preventiva, como el arresto domiciliario con control aleatorio de la Policía Nacional.
También sostiene que no existe ningún testigo a quien de alguna manera se pueda afirmar que podría tener injerencia porque se desconoce inclusive quiénes son, atendiendo que se encuentran bajo la figura de testigos protegidos.
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Para Juzgado, sigue peligro de fuga y obstrucción
La jueza Rosarito Soledad Montanía de Bassani empieza argumentando que el pedido de revisión debe basarse en hechos nuevos acontecidos posteriormente al dictamiento de la medida cautelar, que demuestren que los peligros procesales (de fuga y obstrucción a la investigación) han desaparecido, o en su defecto, que puedan ser minimizados con la aplicación de medidas menos gravosas.
Con relación a las cauciones ofrecidas por la defensa, se menciona que han sido evaluadas en ocasión de una audiencia anterior y la misma jueza Montanía había concluido que, pese a ello, el peligro de fuga aún sigue latente.
Esta tesis se ve fortalecida –agrega– al considerar la alta expectativa de pena que podría imponérsele en caso de condena y las posibilidades que tiene el mismo para abandonar el país. El imputado sería el encargado de captar y trasladar a las víctimas, desde el territorio paraguayo hasta España, además de facilitar la compra de pasajes y viático, por lo que se presume que cuenta con los medios económicos para eludir a la justicia, sostuvo la magistrada.
En cuanto al peligro de obstrucción, la jueza Montanía sostiene que se puede advertir que el mismo se encuentra latente porque la etapa preparatoria aún no ha culminado, porque el Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Capital, mediante el A.I. Nº 303 del 19 de octubre de 2023, resolvió otorgar una prórroga extraordinaria a la agente fiscal Abg. Carina Sánchez, quedando fijada la nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo el 26 de abril de 2024.
Esta situación hace que aún existan altas probabilidades de que el imputado destruya, modifique u oculte evidencias, pudiendo incluso amedrentar a posibles testigos u otros involucrados en los ilícitos investigados, argumenta la jueza.
En cuanto al “Operativo Veneratio” en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la jueza Montanía indica que dicha intervención por parte del Estado fue para restablecer el orden, mejorar las condiciones de derechos humanos de las personas privadas de libertad, combatir el hacinamiento y principalmente para que recupere el control total del centro penitenciario. “Se sabe que se encontraba tomado por clanes, que reclutaban a internos para mantener su hegemonía y así seguir delinquiendo dentro del sistema penitenciario”, concluyó.
Antecedentes de la presunta trata: Operativos Guaraní y Asunción
El 18 de abril de 2023 se llevó a cabo el Operativo Guaraní de nuestro país, encabezado por la fiscala Claudia Aguilera y la fiscala adjunta Matilde Moreno junto con policías de Interpol-Py, dirigidos por las fiscalas Carina Sánchez y Claudia Morys y la policía española.
En territorio paraguayo, los procedimientos se centraron en las ciudades de Fernando de la Mora y Lambaré, dando como resultado la detención de una mujer identificada como “Ña Nena”, una de las supuestas encargadas de captar mujeres para enviarlas a España bajo engaño de un trabajo asegurado. Al día siguiente, cayó otra mujer identificada como Rosieni, en Concepción.
En tanto que en la ciudad de Córdoba, España, fueron detenidas cuatro personas, incautándose varios elementos documentales relacionados al caso.
El pasado 25 de abril se llevó a cabo el Operativo Asunción en el que cayó detenido en Ñemby José Luis Gómez Amarilla, alias Joselo, un supuesto artista emergente que se hacía conocer como “Arturo OG Selu”, y en el Ferrol, Coruña, España, fue detenida su madre, Victoria Amarilla Cantero, quien explotaba sexualmente a las mujeres, según los datos brindados por fuentes de la investigación.
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Prometían trabajo y las mantenían encerradas
La fiscala Carina Sánchez había manifestado a este medio que ambos grupos operaban con una forma en común, es decir, ofrecían trabajo fijo en España y con buena ganancia, para obtener la confianza de las víctimas. Sin embargo, una vez allá se les indicaba la realidad de que debían prostituirse para cubrir la deuda por su traslado hasta allá.
Sánchez señaló además que muchas de las mujeres entregaban sus documentos, bajo la promesa de que se los iban a guardar para que no se pierdan, pero esta no era nada más que una artimaña para evitar que pudiera escapar del lugar o pedir ayuda.
Las víctimas de explotación sexual, según refirió la agente del Ministerio Público, eran mantenidas encerradas en los departamentos donde eran obligadas a prostituirse. En estos casos, los victimarios “les trabajan más psicológicamente a sus víctimas”, expuso la fiscala.