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Luis Piñánez, fiscal anticorrupción que ayer encabezó el procedimiento de entrega vigilada en el que un asistente fiscal y un abogado resultaron detenidos por un caso de supuesta coima, aseguró que no descartan que la corrupción alcance a niveles superiores en el Ministerio Público.
Los detenidos habrían solicitado la entrega de G. 5 millones a cambio de atajar una imputación en un caso de supuesta violencia intrafamiliar.
Por ahora, el fiscal señaló que el asistente está sindicado por supuesto tráfico de influencias, atendiendo a su cercanía con el fiscal para torcer el proceso, pero eso podría cambiar, explicó.
“El asistente fiscal no tiene potestad de formular o no imputación. Si nuevos elementos surgieran que efectivamente el fiscal tiene una implicación directa, tal como dice la denuncia, podría hacer que la investigación pasara a un cohecho pasivo”, explicó.
Entrega vigilada por coima en Villa Hayes: el caso
El aprehendido fue identificado como Antonio Ramón Peters, de la Unidad Penal de la Fiscalía de Villa Hayes y a cargo del agente fiscal Alfredo Mieres. Fue aprehendido también Raúl Adriano Cardozo, de profesión abogado. Según datos, este último era el nexo para dar una salida procesal a la causa. Piñánez explicó que pese a no ser funcionario público, podría ser procesado en calidad de cómplice.
La entrega vigilada de dinero se operó con autorización del juez de Garantías Rodrigo Estigarribia. El dinero utilizado como evidencia fue previamente fotocopiado y autorizado judicialmente, estaba en un sobre blanco.
La entrega de dinero se realizó en el interior del vehículo del asistente fiscal, estacionado en la vía pública y, tras recibir el dinero, los involucrados notaron la presencia fiscal y policial e intentaron huir del sitio. Tras una persecución de casi dos kilómetros, finalmente el asistente fiscal y el abogado fueron arrestados.