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De la acusación fiscal sobre el megaoperativo “A Ultranza Py” se desprende que el presunto narco Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, menciona que tenía contactos importantes en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que le permitirían realizar su trabajo “con tranquilidad” y le sugiere un pago para “desaparecer la investigación”.
Al respecto, el ministro del Interior, Enrique Riera, refirió que el vínculo del crimen organizado con funcionarios de fuerzas de seguridad “no es ningún secreto” y que se trata de “fallas institucionales” que datan de años y varios gobiernos.
“Esto no se puede hacer porque tampoco podemos limitar solamente a querer tirarle tierra al gobierno anterior. Estas son fallas institucionales que tienen muchos años y hay en muchos lugares. Tampoco no se puede encasillar en un solo color. La plata compra a cualquiera”, dijo.
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Agregó que las culpas en el derecho penal son personales. No obstante, indicó que en este tipo de casos no se puede descartar responsabilidades institucionales.
Impunidad cero ante vínculos en Estado
Riera afirmó que “la orden clara del presidente Santiago Peña es impunidad cero”.
“Cada vez que tengamos elementos objetivos que prueben que hay gente dentro de la estructura del Ministerio o de la Policía o de cualquier estamento del Estado vinculado con el narcotráfico, hay que ser implacables con la ley”, añadió.
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“Tío Rico” habría hecho referencia al exdirector de la Unidad de Inteligencia Técnica Mauro Antonio Ruiz Díaz Vallejos, cuyo comisionamiento en la Cámara de Diputados fue revocado este jueves.