El allanamiento de ayer a la conocida armería Camping 44, situada en la avenida Artigas de Asunción, se hizo bajo la dirección del fiscal Carlos Alejandro Cardozo Pereira, de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
Fue a raíz del hallazgo en Brasil de un lote de armas importadas de manera legal a Paraguay por la citada armería, que a su vez habría simulado ante las autoridades reguladoras la venta de esas piezas pero recién después de que cayeran en el país extranjero.
Durante el procedimiento, la comitiva fiscal-policial-militar detectó el faltante de unas 89.000 municiones que eran para fusiles de los calibres 308 (7.62) y 223 (5.56), así como para escopetas de los calibres 12 y 36, para pistolas del calibre 9 milímetros y para revólveres del calibre 38, entre otros.
También se pilló que en el depósito de la empresa faltaban al menos 23 armas de fuego, principalmente pistolas y rifles, de los cuales aparentemente no hay registros de que fueron vendidos.
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Según los datos obtenidos, Camping 44 tiene un plazo de 48 horas para informar o justificar el destino de las municiones y armamentos ahora desaparecidos. El plazo vence mañana miércoles.
Remisión a la cárcel
Por otro lado, el juez Osmar David Legal Troche decretó hoy martes la prisión preventiva de Tamara Scarlet Recalde Viveros, de 26 años, y Nelson Osmar Rizzi, de 43 años, empleados de la armería Camping 44, quienes fueron capturados ayer de mañana en sus domicilios de Limpio y San Lorenzo, respectivamente.
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Estos procedimientos se hicieron justamente minutos antes del allanamiento a la armería Camping 44 en Asunción. La mujer deberá ir a la cárcel Comple de Emboscada y el hombre al penal de Tacumbú de Asunción.
El fiscal Cardozo imputó a ambos por tráfico ilícito de armas, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Otro imputado por los mismos hechos, pero ahora ya oficialmente prófugo, es Osvaldo Ramón Cantero Benítez, de 53 años, dueño de la armería RC Comercial de Ciudad del Este.
Básicamente, la Fiscalía atribuye a los empleados de la empresa Camping 44 haber efectuado los procedimientos legales para simular la venta de armas a favor la armería RC Comercial, para tratar de maquillar una operación mediante la cual en realidad las piezas habrían sido desviadas al mercado negro de Brasil, según dice en el acta de imputación.
Incautación en Brasil
La operación Sericeo es una investigación que se inició formalmente el 19 de julio de 2024, cuando la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), órgano dependiente de las Fuerzas Militares (FFMM), remitió al Ministerio Público (MP) los antecedentes sobre un supuesto hecho punible de tráfico ilícito de armas, que a su vez fue advertido por la Policía Federal (PF) del Brasil.
La Digemabel comunicó en su denuncia que los federales brasileños les informaron haber incautado el 30 de noviembre de 2022 en la ciudad de Seropédica, estado de Rio de Janeiro, de un lote de 42 pistolas que en su mayoría eran de la marca Emtan, modelo Ramón, calibre 9 milímetros, fabricadas en Israel.
Aunque todas las armas tenían los números de serie y marcas de importación borrados, los federales brasileños lograron recuperar mediante un revenido químico el número de identificación de una de las pistolas.
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Esos dígitos fueron enviados a los militares paraguayos, quienes por su parte revisaron en su sistema informático y descubrieron que dicha pistola fue importada a Paraguay justamente por la armería Camping 44, el 17 de octubre de 2022, es decir, un mes antes de su incautación en Brasil.
De hecho, en aquella operación, la armería Camping 44 de Asunción, representada por Diego Nadiv Kemper Zimerliz, importó un lote de 900 pistolas Emtan Ramón, según dice el acta de imputación de la Fiscalía.
La sospecha que tienen los funcionarios de la Fiscalía, agentes de la Policía y efectivos de las Fuerzas Armadas es que la empresa Camping 44 de Asunción, a través de sus empleados ahora encarcelados Tamara Scarlet Recalde Viveros y Nelson Osmar Rizzi, vendió de manera ilegal armas de fuego que fueron importadas a nuestro país de manera legal.
Los destinatarios de esas armas habrían sido miembros de las facciones criminales de Brasil, aunque esas operaciones se hicieron probablemente con la intermediación o complicidad del comerciante ahora prófugo Osvaldo Ramón Cantero Benítez, quien se prestó para emitir facturas de venta pese a que las armas ya estaban en Brasil.