La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió, en su sesión ordinaria, la renuncia del fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, quien cumplía funciones en la Fiscalía de Emboscada, pero a partir de este 23 de diciembre debía hacerlo en la Unidad Penal N° 2, Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato, Niñez y Adolescencia y Electoral de San Pedro del Ycuamandyyú. El mismo está imputado por presunta coima.
Los ministros de la máxima autoridad judicial, César Diesel (presidente), Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes (vicepresidenta 1°), Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y César Garay Zuccolillo (vicepresidente 2°), aceptaron la renuncia al cargo de fiscal de Elizaur Aguirre.
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Es preciso destacar que Bernardo Elizaur fue imputado el 13 de octubre por cohecho pasivo agravado (coima), por la fiscala Yeimy Adle, y el 23 de octubre, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) le despojó de sus fueros, además resolvió enjuiciarlo de oficio por presunta comisión de hecho punible, y también pidió su suspensión en el cargo a la Corte.
Sin embargo, debido a que tres de los integrantes del JEM, en dos meses, no completaron el circuito de firmas de las resoluciones que se debían remitir a la Corte, y que eran necesarias para que la misma dé tratamiento al pedido de suspensión sobre Elizaur Aguirre, al ahora exagente fiscal no se le impuso una medida administrativa.
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Con esta aceptación de la renuncia de Bernardo Elizaur por parte de la Corte, el proceso especial en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados será cancelado y archivado, porque el fiscal así perdió su investidura para ser sometido por el órgano. Si bien su proceso penal prosigue, esta salvada de la Corte posibilita a Elizaur volver a concursar para ocupar otros cargos judiciales.
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Corte suspende a fiscal investigado por supuesta coima
Por otra parte, la máxima instancia judicial aplicó la suspensión en el cargo, sin goce de sueldo, al fiscal Rubén Darío Riveros Medina. Esto tras la comunicación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que el 13 de noviembre lo despojó de sus fueros, inició de oficio un enjuiciamiento por presunta comisión de hecho punible y también había resuelto pedir la suspensión de Riveros Medina, es decir, hace 40 días.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, mediante la Resolución FGE N° 5224 del 16 de diciembre, había reasignado al fiscal Rubén Darío Riveros Medina desde la fiscalía de Alberdi, donde cumplía funciones, a la Unidad Penal N° 2 y Unidad Penal de Ejecución de la localidad de Filadelfia, en carácter de interino.
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Riveros Medina había sido imputado por los fiscales Verónica Valdez y Luis Piñánez por cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión. Luego, el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú lo procesó.
El fiscal Riveros Medina había sido denunciado por el juez penal de Alberdi, Shiler Regis Coronel, luego de que una mujer le pusiera en conocimiento de que el abogado Luis Antonio Méndez le solicitó dinero, supuestamente destinado al fiscal Riveros, con el fin de obtener la libertad de su esposo, quien enfrenta cargos por abuso infantil.
El representante del Ministerio Público habría actuado en connivencia con el abogado Luis Méndez, quien soporta actualmente juicio también por un hecho similar. El profesional del derecho habría solicitado a su cliente millonarias sumas de dinero que supuestamente también eran para el fiscal, a fin de lograr que su pareja pueda salir beneficiada.