En la madrugada del 1 de abril, tras la quema del Congreso y las múltiples protestas en el microcentro, un grupo de dirigentes liberales aguardaba en la sede partidaria ubicada sobre la calle Iturbe. Cerca de las 00:20, una turba policial ingresó repentinamente.
Según consta en la sentencia en contra del suboficial Florentín, las pericias confirmaron que solamente su arma contaba con municiones que no eran de goma.
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En las imágenes difundidas luego del ataque, se observa que los presentes en la sede corrieron desesperados tras el ingreso del pelotón. Rápidamente, Rodrigo cayó al suelo y quedó allí tendido, sin poder ser asistido por sus amigos.
Rodrigo Quintana recibió nueve densidades metálicas que provocaron su muerte, “paro cardiorrespiratorio por asfixia mecánica por neumotórax bilateral y meoneumotórax bilateral por heridas de fuego, munición múltiple”, de acuerdo a los resultados de la autopsia.
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¿Quién dio la orden?
En su declaración, Florentín aseguró que el comisario Amado Cantero fue el primero en ordenar a su pelotón ir a las oficinas del diario ABC Color, ubicadas a pocos metros del PLRA. Después de dispersar a la turba que había roto un vidrio -según el suboficial condenado- el mismo jefe policial les ordenó avanzar e ingresar a la sede partidaria.
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“Fui el primero en ingresar pero no así el que disparó. Procedimos a la aprehensión de todas las personas que estaban en dicha sede. Posteriormente, todo quedó a cargo del personal de Investigaciones de Delitos a cargo del comisario Paredes Palma”, declaró Florentín.
El mismo aseguró que cuando volvió a la Comandancia constató que sus cartuchos eran perdigones de goma, negando así haber contado con municiones letales.
A pesar de los indicios que fueron surgiendo durante la investigación, nunca se investigó a cabalidad quién dio la orden de ingresar al PLRA.
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En su momento, se habló de una serie de llamadas que el entonces comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, habría recibido por parte de políticos y empresarios del entorno de Horacio Cartes, entre ellos el gerente de Tabesa, José Ortiz. La Fiscalía nunca investigó este cruzamiento de llamadas.
El único condenado fue el suboficial de menor rango Gustavo Florentín, mientras que varios de sus jefes directos fueron “premiados” con ascensos poco después y nunca fueron juzgados.
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