El recurso de reposición interpuesto por la defensa de Danilo Rodrigues Gomes, hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, en contra de la providencia del 9 de marzo de 2026, que admitió la imputación y abrió el proceso por supuesta evasión de impuestos, fue rechazado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
En el escrito de reposición la Abg. Noelia Núñez, representante del encausado, argumentó la existencia de una excepción de falta de acción pendiente de resolución y que no se puede sustanciar una audiencia de imposición de medidas cautelares (que se había fijado para el miércoles 1 de abril) cuando la base fáctica que la sustenta la imputación ha sido impugnada.
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Agregó que también está pendiente de resolución un incidente de extinción de la acción penal “por fallecimiento del verdadero responsable (Eulalio Gomes)”, y que dichos recursos pendientes no se resuelven antes de la imposición de medidas, causaría un gravamen irreparable al someter al imputado a medidas restrictivas de libertad sobre un proceso viciado, según resalta parte del recurso planteado.
Luego de analizar los fundamentos de la defensa el juez Rodrigo Estigarribia concluyó que la mera interposición de una excepción no suspende automáticamente el trámite del proceso ni impide la realización de actos propios de la etapa investigativa; en consecuencia, ratificó la resolución que dio apertura al presente proceso y remitió el expediente a la Cámara para resolver la apelación subsidiaria.
Imputación contra hijo de Lalo por supuesta evasión
Esta causa se desprende del caso Pavo Real Py II, en el marco del cual el 19 de agosto de 2024 se habían realizado allanamientos en los domicilios de Eulalio “Lalo” Gomes, que en esa ocasión perdió la vida en un enfrentamiento con la Policía, y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, quien está acusado por narcotráfico y lavado de activos.
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La operación Pavo Real se registró 6 días después de que Danilo Rodrigues haya presentado las citadas facturas ante la autoridad tributaria; a esto se suma que, meses antes él fue electo como presidente de la empresa Salto Diamante SA, luego de que por años su padre Eulalio Gomes haya sido el titular.

La fiscala Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, atribuye a Danilo Rodrigues la supuesta comisión de los hechos de evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos, esto a través de la emisión de facturas presumiblemente falsas de la firma Salto Diamante SA, situada en Pedro Juan Caballero.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Danilo Rodrigues, como representante de la firma Salto Diamante SA, presentó el 13 de agosto de 2024 un total de 128 comprobantes con datos presuntamente falsos, con la finalidad de sustentar los créditos impositivos de IVA e IRE (Impuesto a la Renta Empresarial) del año fiscal 2023, con lo que habría obtenido un beneficio indebido al evadir el pago de G. 1.600.307.708.
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DNIT constató falsedad y clonación de facturas
La imputación presentada por la Fiscalía también refiere que, el 19 de julio de 2024, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a través de la Gerencia General de Impuestos Internos (GGII) dispuso la fiscalización a la firma Salto Diamante SA, con RUC N° 80098908 -2, en relación a un total de 25 proveedores identificados en los comprobantes registrados.
El control fue sobre el periodo que abarcó entre enero y diciembre del 2023, sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). Es así que, para un mejor análisis la DNIT solicitó a Danilo Rodrigues la remisión de las facturas originales de compras, las cuales fueron entregadas el 13 de agosto de 2024.

Al contar con los elementos, la auditoría recogió evidencias de los señalados como proveedores de Salto Diamante SA a fin de determinar si se realizaron dichas operaciones. Como parte de las diligencias se llevaron a cabo entrevistas, requerimientos de comprobantes y análisis de los registros electrónicos de comprobantes de ventas.
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El resultado de la investigación administrativa concluyó que Danilo Rodrigues “habría utilizado facturas presumiblemente de contenido falso y/o clonadas, dado que, en realidad, las mismas fueron emitidas a nombre de otros contribuyentes y por otros importes diferentes, por lo que, las utilizadas por el fiscalizado no habrían reflejado la realidad de los hechos económicos”, según se señala en el escrito fiscal.
Ante esa conducta evasiva, la DNIT por medio de su Gerencia General de Impuestos Internos determinó aplicarle una multa del 260% sobre los tributos no ingresados, es decir, que debió abonar la suma total de G. 5.761.107.749.
