Agentes de la Policía Nacional y del Departamento de Interpol detuvieron este domingo en el departamento de Caaguazú a un presunto involucrado en el caso Dakovo, considerado el mayor operativo contra el tráfico de armas.
El sospechoso, identificado como Gustavo Ramón González Mujica, de 32 años, fue interceptado en la vía pública de la ciudad de 3 de Febrero. Sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional emanada por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, a cargo de la jueza Lici Teresita Sánchez, por violación a la Ley de Armas y asociación criminal.
Habría usado un local falso para comprar armas
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, González Mujica, entre septiembre de 2022 y mayo de 2023, figuraba formalmente como el propietario de una firma denominada “Caza y Pesca El Dorado”, fijada en la ciudad de San Antonio.
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El sospechoso logró adquirir de forma aparentemente lícita un lote masivo de 2.007 armas de fuego y 150 municiones. Sin embargo, los cargamentos nunca llegaron a los estantes comerciales, sino que fueron desviados inmediatamente hacia el mercado ilegal.
Cuando la Policía Nacional y la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) realizaron las fiscalizaciones correspondientes en la dirección declarada, descubrieron que la supuesta casa comercial era una fachada completamente inexistente.
Armas llegaron en manos de facciones brasileñas
Las pesquisas internacionales confirmaron que 53 pistolas de este lote ya fueron incautadas por la policía brasileña en territorio del vecino país, tras haber sido introducidas de contrabando y entregadas a peligrosas facciones del crimen organizado.
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Por otro lado, las 1.954 armas de fuego restantes, adquiridas por la armería fantasma, continúan con paradero desconocido y se presume que ya están en circulación dentro del circuito delictivo fronterizo.
Tras su detención en Caaguazú, González Mujica fue trasladado y ya se encuentra a disposición del Juzgado Especializado en Crimen Organizado.
Debido a la gravedad del perjuicio y la cantidad de armamento desviado, el procesado enfrenta una expectativa de pena de hasta 10 años de privación de libertad.