El fiscal Julio Ortiz investiga un esquema de presunta lesión de confianza relacionado con el fracaso de obras de infraestructura para quirófanos de IPS, las cuales provocaron un perjuicio patrimonial estimado en G. 61.000 millones.
A raíz de esta investigación, la Fiscalía promovió formalmente la imputación y solicitó la prisión preventiva para los expresidentes del IPS Vicente Battaglia (marzo de 2021 a agosto de 2023) y Jorge Brítez (17 de agosto de 2023 a 22 de abril de 2026), además de otras siete personas, entre ellas Rosa Colmán, abogada que se desempeñaba en Asesoría Jurídica y que fue trasladada a Aporte Obrero Patronal y que fue detenida ayer.
El abogado Jorge Arturo Daniel Sabe, defensor de Bataglia, contó que hasta el momento no maneja de manera oficial el acta de imputación, ya que le llega información de manera extraprocesal a través de algunos amigos que ya consiguieron el documento.
“Está circularizado a través de las redes sociales y ahora me estoy haciendo de eso (...) también, como ya se sabe, el doctor Vicente Battaglia está en Italia. Estaba haciendo un curso y ayer con este tema de la imputación, entonces una vez que lo ubicamos, le avisamos, él iba a avisar que dejaba el curso y que tendría que retornar al país y estaba en tren de volver al país”, refirió.
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Fiscal “se apresuró”, según abogado de Bataglia
El abogado aseguró que el fiscal Julio Ortiz se apresuró en emitir la prisión preventiva y orden de captura de todas las personas imputadas, ya que aseguró que todos tienen suficiente arraigo en el país, e incluso consideró el hecho como “desproporcionado e injustificado”.
Aseguró que no tenían conocimiento de la causa hasta que tomó estado público y en caso de saberlo, Bataglia ya se habría puesto a disposición de la Fiscalía.
“En esta oportunidad se da esta circunstancia de que el doctor que no tiene ninguna restricción para abandonar el territorio nacional casualmente se va a hacer un curso y ocurre ocurre este tema de la imputación en una causa que nosotros no no teníamos conocimiento, si nosotros teníamos conocimiento, hubiéramos estado presentes también en esa causa”, afirmó.
Por su parte, según detallaron las autoridades, la abogada detenida en inmediaciones de la sede de la Dirección Obrero Patronal del centro de Asunción fue notificada de la orden de detención en su lugar de trabajo, mientras que otros implicados ya habían abandonado sus oficinas antes de la llegada de la comunicación oficial, tras la filtración de la información.
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Los otros siete imputados en la causa
Según la investigación preliminar, Colmán era la funcionaria que autorizaba la firma de adendas con la firma Neighpart S.A.E.C.A., empresa investigada en la causa y señalada por diversos sectores como una “superproveedora” del IPS.
Además de Colmán, en la causa fueron imputados Hugo Enrique Aranda (40), Juan Manuel Villar López (41), José Raúl Coronel Acosta (43), Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz (40), Marcelo Bordón Leiva (48) y Verónica Alexandra Blanco Bogado (50).
En cuanto al sector privado, las autoridades de IPS evitaron realizar declaraciones con respecto a la culpabilidad de directivos o exdirectivos de la firma Neighpart SA. No obstante, la previsional no descarta revisar otros contratos con dicha firma para determinar si corresponde o no sumar nuevas denuncias, según Morínigo.
Asimismo, anunciaron que es “muy probable” que se constituya como querellante adhesivo en la causa principal y anticipó que se analizarán las actas del Consejo de Administración para evaluar la ampliación de imputaciones hacia los consejeros que aprobaron las adendas irregulares.