Agentes de la Oficina Regional en Itapúa del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional concretaron una orden de captura contra Osvaldo Rafael Ávalos Balmori (30). El hombre es requerido en la causa “Jonathan Marcelo Segovia Báez y otros s/ estafa por medios informáticos y otros”, conforme al oficio 941 emitido el pasado 11 de agosto del corriente.
El oficio fue requerido por la agente fiscal de la causa, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos y Lavado de Activos Provenientes de Delitos Informáticos, Ruth Karina Benítez.
La detención se concretó en la vía pública de la compañía Carumbey del distrito de Jesús, en el departamento de Itapúa. Tras un seguimiento realizado, se logró su aprehensión cerca de las 18:30 de este lunes 14 de setiembre, según detalla el informe policial.
El hombre fue puesto a disposición de la agente fiscal, quien dispuso su detención. El mismo permanece en la Comisaría Segunda de Encarnación, para comparecer vía telemática ante el Juzgado Penal de Garantías. La causa en la que es investigado es resultado del operativo «Yida Transfronteriza», que desarticuló un esquema de estafas en el departamento de Misiones, el pasado 7 de agosto.
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Implicado en el esquema
Los intervinientes explicaron que, según la investigación, Ávalos Balmori era uno de los que recibía las transferencias en el marco del esquema de estafa, que simulaba una tienda en línea de productos provenientes de China.
Previamente, otras cinco personas fueron detenidas en la ciudad de San Ignacio (Misiones), durante allanamientos en simultáneo desplegados el pasado 7 de agosto.
Permanecen imputados por esta causa Carlos Ramón Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel, Jonathan Marcelo Segovia Báez, Néstor Manuel Galeano Martínez y Luis Alberto Portillo Ávila.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la organización ofrecía elevados ingresos económicos mediante la realización de supuestas tareas digitales vinculadas con la calificación de productos destinados al mercado chino.
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Esquema de la estafa
La investigación revela que la captación de víctimas se realizaba a través de enlaces de WhatsApp compartidos por conocidos o contactos personales. Los grupos eran administrados por números con prefijo de Hong Kong (+852), quienes utilizaban alias como “Wang Qian China” para dar una apariencia de legitimidad internacional.
Una vez captadas, las víctimas eran inducidas a realizar transferencias de dinero a cuentas bancarias administradas por operadores locales. Posteriormente, los fondos eran convertidos en criptomonedas (USDT) y remitidos a billeteras digitales controladas por la organización en el extranjero, dificultando el rastreo del dinero.
Asimismo, cuando las víctimas intentaban retirar las supuestas ganancias acumuladas en la plataforma fraudulenta, los administradores bloqueaban el acceso a los fondos y exigían nuevos pagos bajo el argumento de impuestos o comisiones, consolidando de esta manera el esquema de estafa.
Hasta el momento, la investigación permitió documentar más de 60 víctimas directas, con un perjuicio patrimonial inicialmente acreditado de G. 605.468.213. No obstante, el análisis de la evidencia digital y de los movimientos de criptoactivos permitió detectar operaciones superiores a USD 3 millones en USDT, equivalentes a más de G. 22.000 millones. La Fiscalía sostiene que los fondos recibidos en cuentas bancarias nacionales eran convertidos en criptoactivos a través de una plataforma. El análisis de la red blockchain permitió identificar que el 100% de los fondos lavados terminaba en solo dos billeteras electrónicas, bajo el control de líderes extranjeros.