El sistema de justicia paraguayo sumó un nuevo capítulo de burocracia y negligencia administrativa. Carmen Estigarribia Vda. de Sanabria, una mujer que en 2016 había recuperado su libertad tras recibir un indulto presidencial, volvió a terminar tras las rejas en setiembre de este año debido a una orden judicial enviada a destiempo y con datos incompletos.
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El origen de la causa y la condena
La historia judicial de Carmen Estigarribia comenzó años atrás, cuando el 13 de febrero de 2014, un Tribunal de Sentencia dictó la Sentencia Definitiva N° 15, imponiéndole una pena de 7 años y 6 meses de cárcel por un caso de tenencia y comercialización no autorizada de drogas.
En aquel momento, la Justicia dispuso su reclusión en el Correccional de Mujeres “Casa del Buen Pastor”.
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El indulto presidencial
Menos de dos años después de haber sido condenada, el 6 de enero de 2016, mediante el Decreto Presidencial N° 4736, el Poder Ejecutivo le concedió el tradicional indulto a Estigarribia junto a un grupo de internas de varias penitenciarías del país.
Ese mismo día, el Juzgado de Ejecución de Sentencias firmó la orden oficial (A.I. N° 1 y Oficio N° 10) que disponía su inmediata liberación. La resolución fue notificada al Ministerio de Justicia, al penal del Buen Pastor, a la Policía Nacional y a la Justicia Electoral. Con este trámite, la causa quedó extinguida y la mujer recuperó su libertad.
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Una orden desfasada en 2026
El 10 de julio de 2026, un actuario del Juzgado de Sentencia Especializado en Crimen Organizado N° 4 remitió a la Policía Nacional el Oficio N° 200, comunicando la sentencia condenatoria dictada en febrero de 2014 contra Carmen Estigarribia.
Es decir, el juzgado tardó más de 12 años en remitir dicha notificación a la Policía y, lo más grave, lo hizo sin verificar el expediente ni aclarar que la mujer ya había sido indultada diez años atrás.
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Fue detenida injustificadamente
Con base en ese documento desfasado e incompleto, los agentes policiales procedieron a la detención de Carmen Estigarribia el pasado 29 de septiembre de 2026.
Al percatarse del error, las autoridades policiales intentaron comunicarse con el juzgado que envió la orden para pedir aclaraciones, pero no obtuvieron respuesta.
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Ante la falta de contestación y tras llevar más de 48 horas recluida en el Departamento Judicial Femenino, la defensa de la mujer presentó de urgencia una garantía constitucional de Hábeas Corpus Reparador para exigir su liberación.
Libertad e investigación a los responsables
El caso cayó en manos de la jueza Penal de Garantías, Lici Teresita Sánchez. Tras revisar la planilla de antecedentes y verificar las resoluciones oficiales del indulto de 2016, la magistrada constató que no existía ningún argumento legal para mantener detenida a la ciudadana.
Ante la gravedad del asunto, la jueza ordenó la libertad inmediata de Carmen Estigarribia. Además, dispuso el envío de todos los antecedentes a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue el proceder del personal judicial involucrado en la emisión de un documento tardío, erróneo y sin respuesta posterior, que provocó la privación ilegítima de la libertad de una persona.